FRENTISMO, TRANSVERSALIDAD, CIERRE DE LA TRANSICIÓN
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 17.05.09, p. 5)
Para no incurrir en errores de interpretación, empiezo intentando aclarar seguidamente lo que entiendo por nacionalismo. Toda persona forma parte de una comunidad determinada y tiene conciencia de pertenecer a ella. Dado que el individuo humano no llegaría a ser nada sin socialización, es claro que debe parte importantísima de lo que es, a su filiación comunitaria. Lo que Montesquieu llama “virtud”, requisito ineludible de la democracia, es la solidaridad, el compromiso con esa comunidad. Eso que algunos llaman “patriotismo”, término que a mí me parece deformar la naturaleza del vínculo. Éste no tiene por objeto la “terra patrum”, sino la “communitas hominum similium”. No es evidentemente un vínculo con la “tierra”, por muy de los padres que sea ésta, sino un deber de servicio, entrega y compromiso con la comunidad humana de la que se siente parte y con la que se identifica. Actitud, y conducta consiguiente, propias de lo que llamamos ciudadano, totalmente ajenas a una sumisión servil y a la anteposición totalitaria de lo colectivo sobre el valor y la dignidad de la persona individual. El fin fundamental de toda comunidad humana son sus miembros. En principio tengo que pensar que las personas no son desagradecidas, malnacidas, sino que agradecen lo que de su comunidad han recibido y se sienten obligadas a devolver lo que esté en sus manos. Creo, por ello, que todos, o cuando menos la inmensa mayoría, somos “nacionalistas”. Y creo también que “etiquetas” como constitucionalismo o legalidad, cuando se usan para intentar distinguirse del nacionalismo de cualquier signo, son disfraces que encubren un embuste; un engaño a sí mismo y a los demás. Lo mismo, en otro sentido, sucede con la identificación del nacionalismo con fanatismos o forofismos de cualquier laya: en este caso se trata pura y simplemente de apoyarse en excesos, que sin duda existen, para descalificar algo que todos llevamos en lo más hondo de nuestro espíritu. Por ello, esta técnica equivale a ver la paja en el ojo ajeno, cuando el propio tiene una viga cegadora. Si no se lo cree el lector, vea lo que está ocurriendo en los espectáculos llamados deportivos, campo hoy de estulta exaltación de las más bajas pasiones de la persona
Hecha la aclaración precedente pasemos a otro punto. Es conocido el siguiente chascarrillo del predicador de campanillas. Después de un sermón supuestamente brillante, entra una señora en la sacristía y pregunta por el predicador. Complaciente el sacristán, la dirige hacia el orador. Movido por la modestia, el interpelado quita importancia al entusiasmo de la señora. Pero insiste ésta y termina por picar la vanidad de su interlocutor que le pregunta: Y ¿qué es, señora, lo que tanto le ha gustado de mi sermón? ¡Ay, padre! –dice sin vacilar la señora- Me ha llegado al alma cómo decía Vd. aquello de ¡Nabucodonosor, Nabucodonosor! Entre lo que una persona dice, escribe o representa, y el destinatario, se interponen, cuando menos, el lenguaje, la imagen y la psicología del interlocutor. De aquí que las interpretaciones del mensaje pueden extenderse a horizontes insospechados. Y esto obliga a quien se dirige al público, a ser especialmente diáfano, en todo cuanto le sea posible. No pocos de nuestros políticos dan la impresión de que consideran el lenguaje como mero medio de manipulación. Mal empleado lo es y, a veces, aunque se emplee bien. No estaría de más que reflexionaran, a la vista de esta historieta o de otras análogas, sobre la particular manera de entender el auditorio sus mensajes. Tal vez así ajustarían mejor sus manifestaciones a lo que el oyente considera realidad, en vez de dejarle pensando en una exaltación vacía de cualquier Nabucodonosor de turno. Unas veces las ligerezas verbales, tan habituales en la política al uso, pueden volverse en forma inesperada y con inesperada virulencia contra el imprudente vocero. Otras pueden herir sensibilidades o causar alarma sin la menor necesidad. ¡Prudencia, señores, y una brizna siquiera de buena fe!
Hemos vivido ocho años de contínuo esfuerzo de los nacionalistas españoles, sean del PSOE, sean del PP, y de la mayoría de los medios –afines a ellos naturalmente - por desprestigiar a Ibarretxe. Con todo, no lo han conseguido. Ser superado el PSE-PSOE por votos del orden de ochenta mil y el PP por un número mucho mayor algo significa. Todavía un día de éstos he oído a un tertuliano interpretar, según costumbre, como una supuesta vía hacia el independentismo, el esfuerzo del anterior Lehendakari por integrar a Euskadi en el Estado de la forma menos traumática posible. De llorar. Ahora nos quieren calentar la cabeza con “la mano tendida”, la transversalidad y la superación del frentismo. Es, sin duda, un buen programa. Pero veamos.
Por lo pronto, no deberían hablar de transversalidad, de superar el frentismo, de “mano tendida”. Palabras vacuas, hueras. Mera verborrea de entre la copiosa y ridícula palabrería de estos días. Aquí y en Madrid. ¿Qué garantía de realidad ofrece lo vivido hasta ahora?. Es cuestión de confianza y ésta es planta muy frágil: la confianza “no se pide”; se gana minuto a minuto, día a día, y se pierde en un instante. No es fácil de lograr. Menos aún, cuando los datos le son adversos: ¿cómo va a haber transversalidad, cómo se va a superar el frentismo, cuando el pacto PSOE-PSE/PP es, en sí mismo, un frente manifiesto? ¿cómo va a ser verdad la mano tendida con un psoe-PSE atornillado en un PP que va haciendo gala de la más crasa e indecente intolerancia por todo el Estado a lo largo de una serie de años? Tampoco es un grano de anís la destitución fulminante de un Letrado mayor del Parlamento, tan profesional y poco destacado, políticamente hablando, como Eduardo Mancisidor. El resultado razonablemente previsible de todo ello, no es la ejecución de ningún programa de superación del frentismo, ni de transversalidad. Practiquen, pues, si les es posible, el contenido de esas palabras primero, y verá, después, la ciudadanía hasta dónde le convencen los adalides de tal programa.
Ahondando en el tema, al más corto del país le ocurre la pregunta: ¿por qué no se tomó la mano tendida previamente por Ibarretxe al PSOE-PSE? Me decía un amigo que esa pregunta no se ajustaba a la verdad; que era una cortina de humo; que PNV y PSOE-PSE habían estado pactando los presupuestos durante una serie de años. Esto es, sin duda, cierto. Pero el verdadero problema de Euskadi no son, en mi sentir, los presupuestos. En ese campo puede haber diferencias de partidas; meras discrepancias de programa y económicas, de superación relativamente fácil por muy importantes que puedan ser. El problema de Euskadi es algo muy simple y muy claro, pero ajeno a ese tema. Es de respeto a una identidad propia dentro del Estado y a las distintas sensibilidades identitarias existentes en Euskadi. Sin un acuerdo de todas las partes implicadas sobre identidad, hablar del “cierre de la transición democrática” es, a lo sumo, una broma de mal gusto, una exhibición de prepotencia. Todos los demás acuerdos son importantes, pero manifiestamente insuficientes. Y nótese que digo “acuerdo”, esto es, un esfuerzo de ceder por parte de TODOS, ya que las posiciones no son, ni de lejos, idénticas y, si se quiere conseguir un resultado positivo, es imprescindible converger. En este punto mi impresión es que, desde hace, cuando menos, ocho años, el PSOE-PSE no ha querido ni oír hablar de la cuestión. Más aún, que los esfuerzos de Ibarretxe en ese terreno sólo han servido para darles combustible, a ellos y al PP, en su tarea de descalificarle abierta o insidiosamente. Y como no basta que la mujer del césar sea honesta, sino que, además, ha de parecerlo, la credibilidad del PSOE-PSE en este momento está bajo mínimos para una gran parte de la ciudadanía de Euskadi. Y, por favor, ya está bien de ir de víctimas en política: no se enseña en castellano, se impone el vascuence, los padres no pueden elegir y otras afirmaciones semejantes. Cuando se tiene tras sí el apoyo de toda la máquina del Estado y una población de un montón de millones de personas de cultura latino-arábigo-española frente a unos escuálidos centenares de vascoparlantes, tales exclamaciones son o bien resultado de un mimetismo ambiental, o bien una hipocresía, o bien un ejercicio de prepotencia e intolerancia inadmisibles en términos democráticos. ¡Bien quisiera yo que el nacionalismo vasco sensato tuviera el mismo pedestal de sustentación!
Bilbao, a 11 de mayo de 2009
viernes, 25 de diciembre de 2009
ESTUPOR
J. Gabriel de Mariscal (DEIA, 5.03.09, p. 28.)
Estupor es el resumen de mi impresión de la última noche electoral y de algún suceso típico -lamentablemente desgraciado- ocurrido días antes.
Al margen de las campañas electorales, inevitables en un sistema democrático, con los tópicos y tonterías, habituales al menos entre nosotros, un suceso desafortunado ha venido a estropear una campaña aburrida, pero pacífica. Me refiero a lo ocurrido en Lazkao hace unos días.
Que expertos dinamiteros estropeen vidas y posesiones ajenas sin ningún fundamento admisible es algo intolerable, aunque demasiado frecuente aquí. Que un ciudadano al que le han arruinado su negocio tales agresores, pierda el oremus y destroce a mazazos la Herriko Taberna de quienes pretenden ser una izquierda “abertzale” que silencia los atropellos arbitrarios de los dinamiteros, es perfectamente comprensible, aun cuando sea lamentable. Pero que individuos de esa llamada “izquierda abertzale” acosen pública e impunemente al perjudicado por tales dinamiteros, es ya demasiado. ¿Cómo protestan porque les apliquen su propia medicina en forma, además, menos violenta que la dinamita? ¿A quién llaman fascista estos individuos a quienes el disfraz de “demócratas” les viene tan ancho que deja a la luz sus vergüenzas totalitarias? Uno queda estupefacto.
La noche electoral ha sido también pródiga en espectáculos sorprendentes. Empecemos por las declaraciones de la que apareció en televisión como portavoz de la susodicha izquierda abertzale. Voy a comentar tres cosas.
Nos dijo impertérrita que sus votos son los únicos importantes, porque ellos son el futuro de Euskadi. ¡Perdón! Euskal Herria. ¿De qué futuro? Es sorprendente topar hoy con profetas. Russell asegura que a diez años todo lo que puede profetizarse es que el sol sale por la mañana y se oculta por la tarde. Me parece optimista, porque yo creo, que no ya a diez años, sino ni siquiera a dos meses. Pero nuestros flamantes abertzales son capaces de profetizar con dimensiones históricas sobre no sabemos qué futuro, porque de momento el futuro de Euskadi no presenta visos de tener la más mínima relación con grupo e ideas tan conspicuos.
Seguidamente nos aseguró que ellos iban a hacer una Euskal Herria independiente y socialista. Dejemos por ahora lo de independiente que es, en principio, claro. Lo de socialista exige explicación, porque no creemos que su socialismo es lo que hoy en día entendemos por tal la mayoría. Creemos que es totalitarismo puro y duro, inaceptable actualmente, no ya en Euskadi, sino en cualquier país o comunidad humana civilizados. De todos modos, es de agradecer su sinceridad, porque revela algo muy sabido desde hace tiempo: que la ostentación de nacionalismo de algunos que mandan mucho en este grupo, es una mera pantalla para ocultar sus verdaderos objetivos totalitarios. Naturalmente no han preguntado a la ciudadanía vasca si tiene interés en tan sugestivo proyecto. Y no le han preguntado, porque son autistas en política y la opinión pública de su pueblo les importa una higa.
Finalmente aseguró que Aralar había obtenido su resultado gracias a votos de la llamada izquierda abertzale, que los recuperará. Ahora no son ya sólo profetas; son adivinos. Pero resultan videntes fraudulentos: los votos de Aralar son, ante todo, propios de este Partido y de nadie más. Y ello porque se los han dado sus votantes, por las razones que sean, y que los demás, -tampoco los voceros llamados abertzales- estamos capacitados para escrutar con garantía. Otra cosa es ejercicio de gimnasia imaginativa tan frecuente en estos temas. En todo caso, si, dentro de lo imaginable, algunos de la llamada izquierda abertzale hubieren votado Aralar, no es descabellado pensar que tal voto se deba a estar hartos de la política demencial de su grupo.
En otros campos no voy a comentar el descalabro ‘anunciado’ de EA, ni el hundimiento de IU-EB. Estos últimos deberían reflexionar si no ha tenido algo que ver en el rechazo de Bizkaia, la indignación de cerca de trescientos mil ciudadanos por la desafortunada liquidación de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana tan gravemente perjudicial para muchos de ellos. Finalmente al Sr. Basagoiti que va predicando que a los vascos nos ha ido bien en España, le recordaré que D. Miguel de Unamuno –opinión para mí mucho más calificada que la de él- estimaba que los vascos hemos tenido en España una madrastra.
Por lo demás, me pareció lamentable la noche electoral en las sedes de los partidos mejor parados. De entrada se hizo gala de la más exquisita cortesía parlamentaria silenciando la felicitación habitual a la formación ganadora, el PNV. Es, sin duda, un buen “talante”. Item más, si se exceptúan las palabras de Urkullu, serenas y ponderadas, los demás intervinientes que escuché –y fueron prácticamente todos los principales- hicieron del comentario de los resultados un mitin inapropiado para la ocasión. En cuanto a los asistentes de los distintos Partidos, su desmesurado y enardecido culto a la personalidad, me hizo recordar el vocerío de ¡Franco, Franco, Franco! de las masas reunidas por fuerza o por dinero en la Plaza de Oriente, de Madrid, no hace tantísimos años. Muy desagradable y decepcionante en un pueblo con aspiración a demócrata.
Bilbao, a 3 de marzo de 2009
J. Gabriel de Mariscal (DEIA, 5.03.09, p. 28.)
Estupor es el resumen de mi impresión de la última noche electoral y de algún suceso típico -lamentablemente desgraciado- ocurrido días antes.
Al margen de las campañas electorales, inevitables en un sistema democrático, con los tópicos y tonterías, habituales al menos entre nosotros, un suceso desafortunado ha venido a estropear una campaña aburrida, pero pacífica. Me refiero a lo ocurrido en Lazkao hace unos días.
Que expertos dinamiteros estropeen vidas y posesiones ajenas sin ningún fundamento admisible es algo intolerable, aunque demasiado frecuente aquí. Que un ciudadano al que le han arruinado su negocio tales agresores, pierda el oremus y destroce a mazazos la Herriko Taberna de quienes pretenden ser una izquierda “abertzale” que silencia los atropellos arbitrarios de los dinamiteros, es perfectamente comprensible, aun cuando sea lamentable. Pero que individuos de esa llamada “izquierda abertzale” acosen pública e impunemente al perjudicado por tales dinamiteros, es ya demasiado. ¿Cómo protestan porque les apliquen su propia medicina en forma, además, menos violenta que la dinamita? ¿A quién llaman fascista estos individuos a quienes el disfraz de “demócratas” les viene tan ancho que deja a la luz sus vergüenzas totalitarias? Uno queda estupefacto.
La noche electoral ha sido también pródiga en espectáculos sorprendentes. Empecemos por las declaraciones de la que apareció en televisión como portavoz de la susodicha izquierda abertzale. Voy a comentar tres cosas.
Nos dijo impertérrita que sus votos son los únicos importantes, porque ellos son el futuro de Euskadi. ¡Perdón! Euskal Herria. ¿De qué futuro? Es sorprendente topar hoy con profetas. Russell asegura que a diez años todo lo que puede profetizarse es que el sol sale por la mañana y se oculta por la tarde. Me parece optimista, porque yo creo, que no ya a diez años, sino ni siquiera a dos meses. Pero nuestros flamantes abertzales son capaces de profetizar con dimensiones históricas sobre no sabemos qué futuro, porque de momento el futuro de Euskadi no presenta visos de tener la más mínima relación con grupo e ideas tan conspicuos.
Seguidamente nos aseguró que ellos iban a hacer una Euskal Herria independiente y socialista. Dejemos por ahora lo de independiente que es, en principio, claro. Lo de socialista exige explicación, porque no creemos que su socialismo es lo que hoy en día entendemos por tal la mayoría. Creemos que es totalitarismo puro y duro, inaceptable actualmente, no ya en Euskadi, sino en cualquier país o comunidad humana civilizados. De todos modos, es de agradecer su sinceridad, porque revela algo muy sabido desde hace tiempo: que la ostentación de nacionalismo de algunos que mandan mucho en este grupo, es una mera pantalla para ocultar sus verdaderos objetivos totalitarios. Naturalmente no han preguntado a la ciudadanía vasca si tiene interés en tan sugestivo proyecto. Y no le han preguntado, porque son autistas en política y la opinión pública de su pueblo les importa una higa.
Finalmente aseguró que Aralar había obtenido su resultado gracias a votos de la llamada izquierda abertzale, que los recuperará. Ahora no son ya sólo profetas; son adivinos. Pero resultan videntes fraudulentos: los votos de Aralar son, ante todo, propios de este Partido y de nadie más. Y ello porque se los han dado sus votantes, por las razones que sean, y que los demás, -tampoco los voceros llamados abertzales- estamos capacitados para escrutar con garantía. Otra cosa es ejercicio de gimnasia imaginativa tan frecuente en estos temas. En todo caso, si, dentro de lo imaginable, algunos de la llamada izquierda abertzale hubieren votado Aralar, no es descabellado pensar que tal voto se deba a estar hartos de la política demencial de su grupo.
En otros campos no voy a comentar el descalabro ‘anunciado’ de EA, ni el hundimiento de IU-EB. Estos últimos deberían reflexionar si no ha tenido algo que ver en el rechazo de Bizkaia, la indignación de cerca de trescientos mil ciudadanos por la desafortunada liquidación de la Cámara Oficial de la Propiedad Urbana tan gravemente perjudicial para muchos de ellos. Finalmente al Sr. Basagoiti que va predicando que a los vascos nos ha ido bien en España, le recordaré que D. Miguel de Unamuno –opinión para mí mucho más calificada que la de él- estimaba que los vascos hemos tenido en España una madrastra.
Por lo demás, me pareció lamentable la noche electoral en las sedes de los partidos mejor parados. De entrada se hizo gala de la más exquisita cortesía parlamentaria silenciando la felicitación habitual a la formación ganadora, el PNV. Es, sin duda, un buen “talante”. Item más, si se exceptúan las palabras de Urkullu, serenas y ponderadas, los demás intervinientes que escuché –y fueron prácticamente todos los principales- hicieron del comentario de los resultados un mitin inapropiado para la ocasión. En cuanto a los asistentes de los distintos Partidos, su desmesurado y enardecido culto a la personalidad, me hizo recordar el vocerío de ¡Franco, Franco, Franco! de las masas reunidas por fuerza o por dinero en la Plaza de Oriente, de Madrid, no hace tantísimos años. Muy desagradable y decepcionante en un pueblo con aspiración a demócrata.
Bilbao, a 3 de marzo de 2009
ELECCIONES EUROPEAS
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 3.06.09, p. 5)
La balumba de mítines y los despropósitos que, según los medios, se van desgranando en ellos estos días, explican sobradamente que el ciudadano se refugie en la abstención. Personajes, indocumentados al parecer en lo que a Europa se refiere, se dedican a refrotarnos las corrupciones y mezquindades de los distintos partidos, las excelencias de su propia formación política, los horrores de las demás, la crisis, lo que ha dicho o hecho éste o el otro, y otra serie de impertinencias y vaciedades en lo que al objetivo de la campaña se refiere. Uno se pregunta: y Europa ¿qué? ¿Qué nos importa todo eso cuando se trata de Europa?
Hablando de la unión de Europa, Anthony D. Smith plantea que «lo que ha servido para vincular a las personas individuales en Europa» es «la nación y la identidad nacional». A partir de esta base se pregunta: «¿Se puede defender la idea de un mundo sin naciones o nacionalismo, en el que los estados nacionales someten sus poderes a cierto cuerpo continental u organización planetaria que pueda ser objeto de lealtad y pasión para la mayoría de la gente, como lo es la nación?» Y siguiendo su discurso distingue « dos modelos opuestos de creación de identidades culturales colectivas.» El primero las entiende «como artefactos construidos socialmente, a base de planeamiento e intervención activa. La creación de una identidad cultural europea formaría parte del proceso activo de la construcción de un entramado institucional para una comunidad política europea.». «El segundo modelo contempla las identidades culturales como el precipitado de generaciones de memorias y experiencias asimiladas», que en el caso de Europa « se desarrollaría probablemente en un proceso lento, con inicio, frecuentemente no planeado, aun cuando aspectos determinados pudieran ser objeto de tentativas de planeamiento intencionado.» Aun cuando opuestos en el plano conceptual, no parece que deban considerarse ambos modelos como incompatibles, como mutuamente excluyentes. Partiendo de ambos puntos de vista se puede trabajar para ir creando una identidad europea, que es lo verdaderamente importante, poniendo en juego los elementos materiales, estructurales, jurídicos y culturales que ambos modelos ofrecen. Pues bien, en unas elecciones al Parlamento Europeo parece que lo primero que deberían explicar al pueblo los candidatos es qué debemos entender por ‘ser europeos’. Si es algo real, en qué consiste. Y si no tiene aún realidad perceptible y eficaz, ¿merece la pena crearlo? ¿cómo? ¿qué va ha hacer el grupo que el candidato representa para avanzar en esa tarea?
Parece claro que los europeos dentro de todas nuestras importantes diferencias, tenemos bases culturales comunes. La religión cristiana y los valores del mundo greco-romano, -éste aproximado por el Renacimiento, y aquélla, sacudida por la Reforma (Lutero y el protestantismo en general) y la Contrarreforma (Trento), fecundando, aunque secularizada, la Iluminación, la Revolución Francesa y el Comunismo- son el humus de donde surgen nuestras brillantes Declaraciones de Derechos, con las que a muchos se nos llena de satisfacción el espíritu en todos nuestros numerosos países. Esa raigambre y una forma elegante, respetuosa, liberal e igualitaria de concebir la convivencia es quizá lo principal o lo más visible de nuestra ‘europeidad’. Tampoco hemos de olvidar que forma parte igualmente de nuestro patrimonio común el cúmulo de desavenencias, desencuentros, conflictos y batallas crueles que hemos desencadenado y padecido en perjuicio propio y, a veces, de gran parte de la humanidad. Es una fuente amarga de experiencia y de tremendos traumas que nos configuran y que hemos de tener presentes. No todo es un camino de rosas. Pues, bien, de esto, o de cualquier otra concepción de ‘lo europeo’, ni una palabra de los flamantes candidatos.
El segundo paso, también en el desván de nuestros políticos, es desbrozar ante el ciudadano qué significa Europa para nuestros distintos problemas. Qué trascendencia tiene una Unión Europea en un mundo globalizado. Qué nos aporta a nuestros respectivos países y a nosotros; qué vamos a aportar nosotros y nuestro país. No se trata sólo de los fondos que reciben unos u otros. Se trata de una solidaridad y de una capacidad de acción por encima de los intereses locales de unos entes –los Estados actuales- incapaces de enfrentar por sí solos los retos tremendos de la globalidad. Se trata de formar una unidad en la diversidad que proteja nuestro bienestar, contribuya al bien y a la paz del mundo y haga de nuestras diferencias e identidades varias una aportación decisiva al progreso cultural de toda la humanidad. Europa es fecunda por sus diferencias. Éste es uno de sus valores fundamentales, y lo será si sabemos aplicar las enormes energías que esas diferencias pueden generar.
Por último, qué menos que decir a los ciudadanos qué pinta el Parlamento Europeo en todo esto. Y pinta no poco. Pinta en la práctica totalidad de las políticas que desarrollen la Comisión y el Consejo europeos. Es verdad que debería ser algo más cercano. Todo ello es campo amplio que se ofrece a nuestros políticos para explicarnos en qué pinta tanto ese Parlamento y qué acciones van a desarrollar sus candidaturas para impulsar el acercamiento. Esto supone mucho más que sacar a colación las miserias domésticas, tirarse los trastos a la cabeza en la campaña como si de una plaza de abastos o de comadres de escalera se tratara, y calentar un sillón europeo durante una legislatura, aburridamente por creer que la carrera política está en el interior raquítico del propio Estado. Señores, cúrense de la miopía, porque los ciudadanos del Estado y del resto del ámbito europeo nos merecemos, creo yo, más respeto y actuaciones más significativas y eficaces. Decir que las encuestas prevén una abstención grande y quedarse tan tranquilos sin reflexionar en el por qué de esa actitud para ponerle remedio, es demostración de que a los candidatos les importan una higa las elecciones, el Parlamento europeo y todo lo que se refiere a Europa. Esto es simplemente suicida, porque fuera de Europa nadie del Continente somos nada y hay que decírselo a la gente para que se vaya enterando si no lo supiere ya. Yo votaré. Hay que votar, pero hagan lo posible para no ponérnoslo difícil.
Bilbao, a 29 de mayo de 2009
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 3.06.09, p. 5)
La balumba de mítines y los despropósitos que, según los medios, se van desgranando en ellos estos días, explican sobradamente que el ciudadano se refugie en la abstención. Personajes, indocumentados al parecer en lo que a Europa se refiere, se dedican a refrotarnos las corrupciones y mezquindades de los distintos partidos, las excelencias de su propia formación política, los horrores de las demás, la crisis, lo que ha dicho o hecho éste o el otro, y otra serie de impertinencias y vaciedades en lo que al objetivo de la campaña se refiere. Uno se pregunta: y Europa ¿qué? ¿Qué nos importa todo eso cuando se trata de Europa?
Hablando de la unión de Europa, Anthony D. Smith plantea que «lo que ha servido para vincular a las personas individuales en Europa» es «la nación y la identidad nacional». A partir de esta base se pregunta: «¿Se puede defender la idea de un mundo sin naciones o nacionalismo, en el que los estados nacionales someten sus poderes a cierto cuerpo continental u organización planetaria que pueda ser objeto de lealtad y pasión para la mayoría de la gente, como lo es la nación?» Y siguiendo su discurso distingue « dos modelos opuestos de creación de identidades culturales colectivas.» El primero las entiende «como artefactos construidos socialmente, a base de planeamiento e intervención activa. La creación de una identidad cultural europea formaría parte del proceso activo de la construcción de un entramado institucional para una comunidad política europea.». «El segundo modelo contempla las identidades culturales como el precipitado de generaciones de memorias y experiencias asimiladas», que en el caso de Europa « se desarrollaría probablemente en un proceso lento, con inicio, frecuentemente no planeado, aun cuando aspectos determinados pudieran ser objeto de tentativas de planeamiento intencionado.» Aun cuando opuestos en el plano conceptual, no parece que deban considerarse ambos modelos como incompatibles, como mutuamente excluyentes. Partiendo de ambos puntos de vista se puede trabajar para ir creando una identidad europea, que es lo verdaderamente importante, poniendo en juego los elementos materiales, estructurales, jurídicos y culturales que ambos modelos ofrecen. Pues bien, en unas elecciones al Parlamento Europeo parece que lo primero que deberían explicar al pueblo los candidatos es qué debemos entender por ‘ser europeos’. Si es algo real, en qué consiste. Y si no tiene aún realidad perceptible y eficaz, ¿merece la pena crearlo? ¿cómo? ¿qué va ha hacer el grupo que el candidato representa para avanzar en esa tarea?
Parece claro que los europeos dentro de todas nuestras importantes diferencias, tenemos bases culturales comunes. La religión cristiana y los valores del mundo greco-romano, -éste aproximado por el Renacimiento, y aquélla, sacudida por la Reforma (Lutero y el protestantismo en general) y la Contrarreforma (Trento), fecundando, aunque secularizada, la Iluminación, la Revolución Francesa y el Comunismo- son el humus de donde surgen nuestras brillantes Declaraciones de Derechos, con las que a muchos se nos llena de satisfacción el espíritu en todos nuestros numerosos países. Esa raigambre y una forma elegante, respetuosa, liberal e igualitaria de concebir la convivencia es quizá lo principal o lo más visible de nuestra ‘europeidad’. Tampoco hemos de olvidar que forma parte igualmente de nuestro patrimonio común el cúmulo de desavenencias, desencuentros, conflictos y batallas crueles que hemos desencadenado y padecido en perjuicio propio y, a veces, de gran parte de la humanidad. Es una fuente amarga de experiencia y de tremendos traumas que nos configuran y que hemos de tener presentes. No todo es un camino de rosas. Pues, bien, de esto, o de cualquier otra concepción de ‘lo europeo’, ni una palabra de los flamantes candidatos.
El segundo paso, también en el desván de nuestros políticos, es desbrozar ante el ciudadano qué significa Europa para nuestros distintos problemas. Qué trascendencia tiene una Unión Europea en un mundo globalizado. Qué nos aporta a nuestros respectivos países y a nosotros; qué vamos a aportar nosotros y nuestro país. No se trata sólo de los fondos que reciben unos u otros. Se trata de una solidaridad y de una capacidad de acción por encima de los intereses locales de unos entes –los Estados actuales- incapaces de enfrentar por sí solos los retos tremendos de la globalidad. Se trata de formar una unidad en la diversidad que proteja nuestro bienestar, contribuya al bien y a la paz del mundo y haga de nuestras diferencias e identidades varias una aportación decisiva al progreso cultural de toda la humanidad. Europa es fecunda por sus diferencias. Éste es uno de sus valores fundamentales, y lo será si sabemos aplicar las enormes energías que esas diferencias pueden generar.
Por último, qué menos que decir a los ciudadanos qué pinta el Parlamento Europeo en todo esto. Y pinta no poco. Pinta en la práctica totalidad de las políticas que desarrollen la Comisión y el Consejo europeos. Es verdad que debería ser algo más cercano. Todo ello es campo amplio que se ofrece a nuestros políticos para explicarnos en qué pinta tanto ese Parlamento y qué acciones van a desarrollar sus candidaturas para impulsar el acercamiento. Esto supone mucho más que sacar a colación las miserias domésticas, tirarse los trastos a la cabeza en la campaña como si de una plaza de abastos o de comadres de escalera se tratara, y calentar un sillón europeo durante una legislatura, aburridamente por creer que la carrera política está en el interior raquítico del propio Estado. Señores, cúrense de la miopía, porque los ciudadanos del Estado y del resto del ámbito europeo nos merecemos, creo yo, más respeto y actuaciones más significativas y eficaces. Decir que las encuestas prevén una abstención grande y quedarse tan tranquilos sin reflexionar en el por qué de esa actitud para ponerle remedio, es demostración de que a los candidatos les importan una higa las elecciones, el Parlamento europeo y todo lo que se refiere a Europa. Esto es simplemente suicida, porque fuera de Europa nadie del Continente somos nada y hay que decírselo a la gente para que se vaya enterando si no lo supiere ya. Yo votaré. Hay que votar, pero hagan lo posible para no ponérnoslo difícil.
Bilbao, a 29 de mayo de 2009
CONSTITUCIÓN ANTEPENÚLTIMA
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 5.02.09, p. 29)
La Constitución de 1978 es, sin duda, un buen texto jurídico en conjunto. Hasta en la organización territorial del Estado supuso un avance; pero un avance antepenúltimo.
En el Estado español hay un problema territorial pendiente. Y, a juzgar por lo que vamos viviendo, tardará mucho tiempo en encaminarse a una solución satisfactoria para todos.
El periódico ABC comunica que para el Sr. Rajoy con la Constitución “somos libres, somos iguales, somos una nación”. Mal principio, porque encierra notables errores. España, o el Estado así llamado, no es “una nación”; es un conjunto de naciones. Dado que el Sr. Rajoy y sus parroquianos siguen en la convicción de la “una, grande y libre” y no reconocen la plurinacionalidad estatal, tampoco somos iguales: son iguales los nacionalistas españoles; la identidad de los demás se ignora sin más, pensando ilusoriamente que el problema desaparece negándolo. Tampoco es igual la libertad de los nacionalistas españoles, que la de los demás: ellos tienen satisfechos sus sentimientos; los demás nos sentimos heridos en nuestra sensibilidad política, en nuestra realidad nacional.
El Sr. Rajoy y sus correligionarios tienen una idea del Estado que, como manifiestamente errónea, es en verdad desestabilizadora y no va a aportar nada a la verdadera solución: deja en el olvido más ignominioso a un buen puñado de ciudadanos que tienen el mismo derecho que los partidarios del Sr. Rajoy a ser reconocidos, si queremos realmente ser todos libres, iguales y formar un Estado magnífico, en vez de una comunidad desgarrada por la desigualdad. Un Estado que sea una “madre” y no que, como decía Unamuno, resulte madrastra para algunos.
Acusa el Sr. Rajoy al PSOE de desestabilizar el Estado, porque, según él, el PSOE ha desenterrado la nostalgia del Estado federal. Yo no sé si realmente el PSOE tiene una idea federal del Estado, o si sus veleidades federales son para aparecer disfrazado de ser algo más descentralizador. En todo caso, la idea federal puede ser un segundo avance de la solución territorial, la solución penúltima, y no se vé cómo puede desestabilizar nada este supuesto federalismo de los socialistas.
A la vista de los desastres que las guerras han traído a Europa, el conde Coudenhove-Kalergi fundó con el archiduque Otto von Habsburg en 1922 la Unión Pan-Europea, tenida por el primer movimiento pro unidad de los pueblos de Europa. Treinta y cinco años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaban en Roma los Tratados de la CEE y de la Comunidad de la Energía Atómica. Pues bien, al estilo de la visión de la Europa real de Coudenhove-Kalergi, un portugués y tres exiliados de la Guerra Civil española -el portugués Armando Cortesão, el republicano Luis Araquistáin, el vasco Manuel de Irujo y el catalán Carlos Pi Sunyer- imaginaron a fines de 1944 en Londres una solución ajustada, en mi opinión, a la realidad peninsular, la llamada Comunidad Ibérica de Naciones, alejada de todo extremismo centralista o secesionista. Aparte de los consabidos tiquis-miquis suscitados por las denominaciones del proyecto, éste se hundió, porque, según manifestación increíble del Sr. Araquistain, Irujo y sus vascones “se sienten separatistas doctrinarios”; quieren enriquecer a España y asi disponer de un mercado precioso para sus productos. Naturalmente esto es, a mi entender, un mero pretexto. La realidad de fondo más verosímil es que Araquistain representaba el espíritu de muchos ciudadanos del Estado español incapacitados secularmente para captar la realidad política peninsular, como les ocurre hoy al Sr. Rajoy, a sus correligionarios y creo yo que a buen número de los miembros del PSOE pese a sus fervores federalistas: etiquetan de separatista arbitrariamente todo proyecto que no sea suyo, porque saben que eso lo deja descalificado automáticamente a ojos de sus ciudadanos.
Siguiendo la línea de la Comunidad Ibérica de Naciones, el proyecto de Estatuto aprobado el 30.12.04 por el Parlamento vasco debería asumirse como un espléndido documento de trabajo –no necesariamente el único- en la vía de la solución última y definitiva del problema territorial. Se iniciaría así un proceso pedagógico encaminado a convencer al resto de la ciudadanía del Estado de que la “una, grande y libre” no es más que un mal sueño. Entre tanto, será preciso aceptar el avance que supone la solución penúltima, el Estado federal, si es que el PSOE piensa realmente en ella sin trampas.
Por otra parte, los nacionalismos periféricos deben centrarse también en su respectiva realidad: somos comunidades heterogéneas, plurales, y todos tenemos el mismo derecho a que en ellas se nos respete. No valen proyectos excluyentes, porque incurren en el mismo defecto del centralismo español: ser integristas e inquisitoriales, y, por ello, próximos al fascismo.
Bilbao, a 7 de diciembre de 2008
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 5.02.09, p. 29)
La Constitución de 1978 es, sin duda, un buen texto jurídico en conjunto. Hasta en la organización territorial del Estado supuso un avance; pero un avance antepenúltimo.
En el Estado español hay un problema territorial pendiente. Y, a juzgar por lo que vamos viviendo, tardará mucho tiempo en encaminarse a una solución satisfactoria para todos.
El periódico ABC comunica que para el Sr. Rajoy con la Constitución “somos libres, somos iguales, somos una nación”. Mal principio, porque encierra notables errores. España, o el Estado así llamado, no es “una nación”; es un conjunto de naciones. Dado que el Sr. Rajoy y sus parroquianos siguen en la convicción de la “una, grande y libre” y no reconocen la plurinacionalidad estatal, tampoco somos iguales: son iguales los nacionalistas españoles; la identidad de los demás se ignora sin más, pensando ilusoriamente que el problema desaparece negándolo. Tampoco es igual la libertad de los nacionalistas españoles, que la de los demás: ellos tienen satisfechos sus sentimientos; los demás nos sentimos heridos en nuestra sensibilidad política, en nuestra realidad nacional.
El Sr. Rajoy y sus correligionarios tienen una idea del Estado que, como manifiestamente errónea, es en verdad desestabilizadora y no va a aportar nada a la verdadera solución: deja en el olvido más ignominioso a un buen puñado de ciudadanos que tienen el mismo derecho que los partidarios del Sr. Rajoy a ser reconocidos, si queremos realmente ser todos libres, iguales y formar un Estado magnífico, en vez de una comunidad desgarrada por la desigualdad. Un Estado que sea una “madre” y no que, como decía Unamuno, resulte madrastra para algunos.
Acusa el Sr. Rajoy al PSOE de desestabilizar el Estado, porque, según él, el PSOE ha desenterrado la nostalgia del Estado federal. Yo no sé si realmente el PSOE tiene una idea federal del Estado, o si sus veleidades federales son para aparecer disfrazado de ser algo más descentralizador. En todo caso, la idea federal puede ser un segundo avance de la solución territorial, la solución penúltima, y no se vé cómo puede desestabilizar nada este supuesto federalismo de los socialistas.
A la vista de los desastres que las guerras han traído a Europa, el conde Coudenhove-Kalergi fundó con el archiduque Otto von Habsburg en 1922 la Unión Pan-Europea, tenida por el primer movimiento pro unidad de los pueblos de Europa. Treinta y cinco años después, el 25 de marzo de 1957, se firmaban en Roma los Tratados de la CEE y de la Comunidad de la Energía Atómica. Pues bien, al estilo de la visión de la Europa real de Coudenhove-Kalergi, un portugués y tres exiliados de la Guerra Civil española -el portugués Armando Cortesão, el republicano Luis Araquistáin, el vasco Manuel de Irujo y el catalán Carlos Pi Sunyer- imaginaron a fines de 1944 en Londres una solución ajustada, en mi opinión, a la realidad peninsular, la llamada Comunidad Ibérica de Naciones, alejada de todo extremismo centralista o secesionista. Aparte de los consabidos tiquis-miquis suscitados por las denominaciones del proyecto, éste se hundió, porque, según manifestación increíble del Sr. Araquistain, Irujo y sus vascones “se sienten separatistas doctrinarios”; quieren enriquecer a España y asi disponer de un mercado precioso para sus productos. Naturalmente esto es, a mi entender, un mero pretexto. La realidad de fondo más verosímil es que Araquistain representaba el espíritu de muchos ciudadanos del Estado español incapacitados secularmente para captar la realidad política peninsular, como les ocurre hoy al Sr. Rajoy, a sus correligionarios y creo yo que a buen número de los miembros del PSOE pese a sus fervores federalistas: etiquetan de separatista arbitrariamente todo proyecto que no sea suyo, porque saben que eso lo deja descalificado automáticamente a ojos de sus ciudadanos.
Siguiendo la línea de la Comunidad Ibérica de Naciones, el proyecto de Estatuto aprobado el 30.12.04 por el Parlamento vasco debería asumirse como un espléndido documento de trabajo –no necesariamente el único- en la vía de la solución última y definitiva del problema territorial. Se iniciaría así un proceso pedagógico encaminado a convencer al resto de la ciudadanía del Estado de que la “una, grande y libre” no es más que un mal sueño. Entre tanto, será preciso aceptar el avance que supone la solución penúltima, el Estado federal, si es que el PSOE piensa realmente en ella sin trampas.
Por otra parte, los nacionalismos periféricos deben centrarse también en su respectiva realidad: somos comunidades heterogéneas, plurales, y todos tenemos el mismo derecho a que en ellas se nos respete. No valen proyectos excluyentes, porque incurren en el mismo defecto del centralismo español: ser integristas e inquisitoriales, y, por ello, próximos al fascismo.
Bilbao, a 7 de diciembre de 2008
¿COMO Y A QUIÉN VAMOS A CREER?
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 13.09.09, p. 5)
Van ya varias violaciones cometidas por menores respecto de niñas también menores. El cotarro se alborota. Y con razón. Pero quiere tomar medidas en medio del alboroto. Y en eso no tiene razón. El tema es para iniciar una reflexión seria sobre nuestra sociedad, sus características, sus valores, sus aspiraciones. Aquí sólo voy a hablar del llamado fracaso escolar y de la responsabilidad de la familia.
Pretender una rebaja de la edad penal me parece una broma, por no decir una demencia. ¿Hasta dónde vamos a rebajarla? ¿Con qué criterios? ¿Dónde está el límite? ¿Se piensa en la repercusión social de encarcelar a menores? Es preciso hacer algo más serio: otear las características de nuestra sociedad, bucear en sus sentinas, hurgar en sus desarreglos. Sin prejuicios ideológicos en lo posible; eligiendo personas competentes de todas las tendencias y convicciones, y no con comisiones integradas sólo por las que coinciden con nuestros proyectos científicos o políticos, por las que nos gustan, como suele suceder. Intento contribuír a esa tarea, pero ahora sólo me referiré a la necesidad de examinar y debatir dos cuestiones fundamentales: la mala organización de la enseñanza disfrazada bajo el tópico del fracaso escolar, y la mala educación cuya fuente principal es la familia o los grupos familiares.
He oído hablar del fracaso escolar, tópico muy en boga, como parte de la explicación de estos fenómenos delictivos, pero, a mi entender, con escaso fundamento. ¿Qué es el fracaso escolar? En mi tiempo, -¡y ya ha llovido¡ hablo de los primeros cuarenta- de una clase de 40 ó 45 alumnos, aprobábamos todo en junio 10, 12, 15, esto es, entre el 25% y el 33 %. Nadie hablaba de fracaso escolar. ¿Por qué? Por algo muy simple: todo el mundo, padres y alumnos, sabíamos que no todos habíamos nacido, no ya para ser Einstein o Premios Nobel, sino ni siquiera para ir a la universidad. Hoy todo el mundo cree que puede ir a la universidad y, a partir de este error sustancial, todo se descompone.
Para ir a la universidad se requieren sólo dos condiciones; pero ambas son indispensables. La primera es tener suficiente inteligencia. No es condición muy exigente: la mayoría la tenemos y, cuando no estamos en la cúspide, podemos suplir la deficiencia con algo que hoy no tiene muy buena prensa entre la población: con el esfuerzo. La segunda condición es básica: querer utilizar la inteligencia durante un tiempo bastante largo para aprender, es decir, tener interés precisamente por aprender; no por tener un título. Por el contrario, contra lo que algunos creen, o dicen demagógicamente, hoy no hace falta tener mucho dinero para acceder a la universidad.
Pero con dinero o sin él, aprender es, en general, tarea dura; y el aprendizaje intelectual, durísima ocupación, entre otros motivos, por carecer de rentabilidad económica inmediata. Quien carece de “afición”, de afición a saber, a aprender, y va a la universidad, por otros motivos, se equivoca de medio a medio. El nivel social, el ganar más o menos, el encontrar trabajo son cuestiones ajenas al mero título universitario. Dependen de que el sujeto esté haciendo algo que le apasiona, y dedique a ello todo el tiempo posible, con sudor, pero con gusto y satisfacción. Es como uno triunfa en una profesión o, en general, en la vida.
Por otra parte, sin despreciar el trabajo puramente intelectual, hay quien tiene cualidades manuales preciosas. ¿Por qué tenemos tan desprestigiada una enseñanza que, como la profesional, es lo que, si no se nos comiera el coco con fantasías de supuesta alta intelectualidad, desarrollaría las cualidades y aficiones innatas de mucha gente? Personas que, sin dejar de tener el nivel intelectual normal, y, a veces, mucho más que normal, se mueven cual pez en el agua en un terreno donde otros muchos somos patos desgarbados. Para ello no hace falta, ni se debe, renunciar a una cultura amplia.
Y así llegamos a la escuela. La escuela es una obligación del gobierno, de los padres y de todos los ciudadanos. Pero tiene que estar bien concebida, mejor organizada, y especialmente apoyada y respetada desde la sociedad. Debe estar prevista para quien pueda y quiera acceder a la universidad, pero no necesariamente como preparación a la universidad, sino en lo fundamental como dispensadora de cultura. Y de cultura amplia. La cultura sola no es suficiente, pero es elemento imprescindible para convertir al ser humano en ciudadano, le permite gozar de todo lo que la vida nos ofrece, entender a sus coetáneos y comprender su presente. Es, por ello, condición para hacer digna y fecunda la vida. Hoy se habla del ocio, pero mucha gente no hace más que calentarse la cabeza y cansar el cuerpo yendo de aquí para allá, en vez de aplicarse a informarse, a aprender y a desarrollar sus propias cualidades que es lo realmente divertido.
Con una escuela así orientada, con ideas claras sobre el trabajo manual y el trabajo intelectual, creo que no volveríamos a hablar de fracaso escolar y que gran número de nuestros jóvenes tendrían unas ilusiones y unos intereses muy diferentes de los que ahora parecen encandilar a demasiados de ellos. Pero ¿cuándo en nuestra política se ha planteado esta cuestión con la serenidad y hondura que se merece? ¿con competencia?
Otro punto que se ha aireado a la vista de los desmanes de menores es la familia. La escuela no es la fuente primaria, ni siquiera verdaderamente importante, de la educación. La escuela puede enseñar, pero, como educadora, tiene poco que hacer, si la familia no funciona. Yo no voy a entrar, como algunos grupos sociales y algunos políticos, en discusiones bizantinas sobre si hay un modelo o multitud de modelos de familia. Lo que sí digo es que donde hay padres e hijos de cualquier figura y origen, los progenitores, o los que están al frente del grupo, tienen grave responsabilidad de educar a los vástagos más jóvenes. Para mí es claro que la educación de los hijos es la educación de los padres. Lo demás es ganas de engañarse.
Pues bien, la educación es también una tarea ardua. Exige gran esfuerzo y dedicación. Es, como he oído a un psiquiatra competente, luchar contra la entropía, luchar contra el desorden. Es lucha y creo, por ello, que algo especialmente difícil para nuestra sociedad que es de una permisividad suicida. Una sociedad permisiva tiende a ser no sólo una sociedad en declive, sino una estructura perversa que fomenta, facilita y favorece el delito. Porque para vivir con dignidad hace falta empeño: hay que decidir, hay que elegir, hay que arriesgar. Si al sujeto humano no se le descubren sus capacidades y sus posibilidades de elección, si se le deja al impulso bruto de sus quereres e inclinaciones, a merced de la entropía, del desorden, como una hoja al viento, pueden suceder –y suceden- toda clase de atrocidades. Parece que muchos padres o regidores de los grupos familiares han hecho dejación, si no total, al menos excesiva, de tan importante responsabilidad. ¿Les preocupan, y, sobre todo, “les ocupan de verdad”, a nuestros gobiernos y a las oposiciones políticas estos problemas básicos, carentes quizá de relumbrón y, por ello, de gancho electoralista en nuestra estúpida sociedad?
Éstos y otros muchos temas necesitan en la sociedad que nos ha tocado vivir, una revisión urgente y a fondo realizada por expertos. Entre otros, los espectáculos (léase los llamados deportes), la información, la acción de grupos variados, a veces positiva, pero otras veces caótica. Estos problemas habrían de ocupar, creo yo, a gobiernos y parlamentos, que, en manos de tirios y troyanos, andan perdiendo el tiempo en dimes y diretes de poco pelo. El ciudadano tiene necesidad y derecho de poder creer en algo y en alguien; pero, a la luz de lo que vemos, ¿cómo y en quién vamos a creer? ¿A quién podemos votar con garantía mínima? Algunos creemos en lo único creíble: en Dios. Pero ¡qué lástima! Dios mismo no se presenta a las elecciones.
Nota.- Remitido al periódico hacia el 7 de agosto de 2009
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 13.09.09, p. 5)
Van ya varias violaciones cometidas por menores respecto de niñas también menores. El cotarro se alborota. Y con razón. Pero quiere tomar medidas en medio del alboroto. Y en eso no tiene razón. El tema es para iniciar una reflexión seria sobre nuestra sociedad, sus características, sus valores, sus aspiraciones. Aquí sólo voy a hablar del llamado fracaso escolar y de la responsabilidad de la familia.
Pretender una rebaja de la edad penal me parece una broma, por no decir una demencia. ¿Hasta dónde vamos a rebajarla? ¿Con qué criterios? ¿Dónde está el límite? ¿Se piensa en la repercusión social de encarcelar a menores? Es preciso hacer algo más serio: otear las características de nuestra sociedad, bucear en sus sentinas, hurgar en sus desarreglos. Sin prejuicios ideológicos en lo posible; eligiendo personas competentes de todas las tendencias y convicciones, y no con comisiones integradas sólo por las que coinciden con nuestros proyectos científicos o políticos, por las que nos gustan, como suele suceder. Intento contribuír a esa tarea, pero ahora sólo me referiré a la necesidad de examinar y debatir dos cuestiones fundamentales: la mala organización de la enseñanza disfrazada bajo el tópico del fracaso escolar, y la mala educación cuya fuente principal es la familia o los grupos familiares.
He oído hablar del fracaso escolar, tópico muy en boga, como parte de la explicación de estos fenómenos delictivos, pero, a mi entender, con escaso fundamento. ¿Qué es el fracaso escolar? En mi tiempo, -¡y ya ha llovido¡ hablo de los primeros cuarenta- de una clase de 40 ó 45 alumnos, aprobábamos todo en junio 10, 12, 15, esto es, entre el 25% y el 33 %. Nadie hablaba de fracaso escolar. ¿Por qué? Por algo muy simple: todo el mundo, padres y alumnos, sabíamos que no todos habíamos nacido, no ya para ser Einstein o Premios Nobel, sino ni siquiera para ir a la universidad. Hoy todo el mundo cree que puede ir a la universidad y, a partir de este error sustancial, todo se descompone.
Para ir a la universidad se requieren sólo dos condiciones; pero ambas son indispensables. La primera es tener suficiente inteligencia. No es condición muy exigente: la mayoría la tenemos y, cuando no estamos en la cúspide, podemos suplir la deficiencia con algo que hoy no tiene muy buena prensa entre la población: con el esfuerzo. La segunda condición es básica: querer utilizar la inteligencia durante un tiempo bastante largo para aprender, es decir, tener interés precisamente por aprender; no por tener un título. Por el contrario, contra lo que algunos creen, o dicen demagógicamente, hoy no hace falta tener mucho dinero para acceder a la universidad.
Pero con dinero o sin él, aprender es, en general, tarea dura; y el aprendizaje intelectual, durísima ocupación, entre otros motivos, por carecer de rentabilidad económica inmediata. Quien carece de “afición”, de afición a saber, a aprender, y va a la universidad, por otros motivos, se equivoca de medio a medio. El nivel social, el ganar más o menos, el encontrar trabajo son cuestiones ajenas al mero título universitario. Dependen de que el sujeto esté haciendo algo que le apasiona, y dedique a ello todo el tiempo posible, con sudor, pero con gusto y satisfacción. Es como uno triunfa en una profesión o, en general, en la vida.
Por otra parte, sin despreciar el trabajo puramente intelectual, hay quien tiene cualidades manuales preciosas. ¿Por qué tenemos tan desprestigiada una enseñanza que, como la profesional, es lo que, si no se nos comiera el coco con fantasías de supuesta alta intelectualidad, desarrollaría las cualidades y aficiones innatas de mucha gente? Personas que, sin dejar de tener el nivel intelectual normal, y, a veces, mucho más que normal, se mueven cual pez en el agua en un terreno donde otros muchos somos patos desgarbados. Para ello no hace falta, ni se debe, renunciar a una cultura amplia.
Y así llegamos a la escuela. La escuela es una obligación del gobierno, de los padres y de todos los ciudadanos. Pero tiene que estar bien concebida, mejor organizada, y especialmente apoyada y respetada desde la sociedad. Debe estar prevista para quien pueda y quiera acceder a la universidad, pero no necesariamente como preparación a la universidad, sino en lo fundamental como dispensadora de cultura. Y de cultura amplia. La cultura sola no es suficiente, pero es elemento imprescindible para convertir al ser humano en ciudadano, le permite gozar de todo lo que la vida nos ofrece, entender a sus coetáneos y comprender su presente. Es, por ello, condición para hacer digna y fecunda la vida. Hoy se habla del ocio, pero mucha gente no hace más que calentarse la cabeza y cansar el cuerpo yendo de aquí para allá, en vez de aplicarse a informarse, a aprender y a desarrollar sus propias cualidades que es lo realmente divertido.
Con una escuela así orientada, con ideas claras sobre el trabajo manual y el trabajo intelectual, creo que no volveríamos a hablar de fracaso escolar y que gran número de nuestros jóvenes tendrían unas ilusiones y unos intereses muy diferentes de los que ahora parecen encandilar a demasiados de ellos. Pero ¿cuándo en nuestra política se ha planteado esta cuestión con la serenidad y hondura que se merece? ¿con competencia?
Otro punto que se ha aireado a la vista de los desmanes de menores es la familia. La escuela no es la fuente primaria, ni siquiera verdaderamente importante, de la educación. La escuela puede enseñar, pero, como educadora, tiene poco que hacer, si la familia no funciona. Yo no voy a entrar, como algunos grupos sociales y algunos políticos, en discusiones bizantinas sobre si hay un modelo o multitud de modelos de familia. Lo que sí digo es que donde hay padres e hijos de cualquier figura y origen, los progenitores, o los que están al frente del grupo, tienen grave responsabilidad de educar a los vástagos más jóvenes. Para mí es claro que la educación de los hijos es la educación de los padres. Lo demás es ganas de engañarse.
Pues bien, la educación es también una tarea ardua. Exige gran esfuerzo y dedicación. Es, como he oído a un psiquiatra competente, luchar contra la entropía, luchar contra el desorden. Es lucha y creo, por ello, que algo especialmente difícil para nuestra sociedad que es de una permisividad suicida. Una sociedad permisiva tiende a ser no sólo una sociedad en declive, sino una estructura perversa que fomenta, facilita y favorece el delito. Porque para vivir con dignidad hace falta empeño: hay que decidir, hay que elegir, hay que arriesgar. Si al sujeto humano no se le descubren sus capacidades y sus posibilidades de elección, si se le deja al impulso bruto de sus quereres e inclinaciones, a merced de la entropía, del desorden, como una hoja al viento, pueden suceder –y suceden- toda clase de atrocidades. Parece que muchos padres o regidores de los grupos familiares han hecho dejación, si no total, al menos excesiva, de tan importante responsabilidad. ¿Les preocupan, y, sobre todo, “les ocupan de verdad”, a nuestros gobiernos y a las oposiciones políticas estos problemas básicos, carentes quizá de relumbrón y, por ello, de gancho electoralista en nuestra estúpida sociedad?
Éstos y otros muchos temas necesitan en la sociedad que nos ha tocado vivir, una revisión urgente y a fondo realizada por expertos. Entre otros, los espectáculos (léase los llamados deportes), la información, la acción de grupos variados, a veces positiva, pero otras veces caótica. Estos problemas habrían de ocupar, creo yo, a gobiernos y parlamentos, que, en manos de tirios y troyanos, andan perdiendo el tiempo en dimes y diretes de poco pelo. El ciudadano tiene necesidad y derecho de poder creer en algo y en alguien; pero, a la luz de lo que vemos, ¿cómo y en quién vamos a creer? ¿A quién podemos votar con garantía mínima? Algunos creemos en lo único creíble: en Dios. Pero ¡qué lástima! Dios mismo no se presenta a las elecciones.
Nota.- Remitido al periódico hacia el 7 de agosto de 2009
EL MIEDO AL CAMBIO ESTRUCTURAL
(J. Gabriel de Mariscal) )DEIA, 23.06.09, p. 5
Hace unos días reflexionábamos sobre el miedo al cambio normativo, pero el temor a modificar las normas tiene naturalmente su apoyo en otro miedo mucho más profundo: el miedo al cambio que lleva o puede llevar consigo la modificación de normas fundamentales; el miedo al cambio de la configuración del Estado. Este cambio es de importancia trascendental, porque la estructura actual no responde a la realidad de las comunidades humanas que lo componen. Y ello hace sumamente difícil una convivencia satisfactoria para todos. Pero en este campo el miedo es casi mayor que esa importancia.
El mapa de la Península es plurinacional. No sólo porque hay dos Estados,-España y Portugal-, sino porque el Estado español está constituído evidentemente por una pluralidad de naciones. No se puede borrar del mapa, como algunos ciegos querrían, la realidad tozuda de Cataluña, Euskadi y Galicia. Pues bien, hay una gran cantidad de españoles que no quieren ni oír hablar de esta realidad indiscutible. El españolismo fanático, unitario y uniformista, tiene muchos partidarios. Demasiados. Lo peor es que gran número de ellos, además de tener espíritu de avestruz, se encubren principalmente tras la levita de Aznar antes, y ahora de la de Rajoy, convirtiendo al PP en un partido con rabo de paja, incapaz de entrar en una política sensata y benéfica para la mayoría de los ciudadanos,. La transparencia democrática exige que el PP se depure de todo ese lastre y que sus componentes de extrema derecha se organicen en un partido distintamente perceptible a la vista de todos. Tampoco hay que olvidar el españolismo presente en el PSOE, más sutil y engañoso, pero, en realidad, igualmente fanático. Para todos estos ‘iluminados’ hablar de la plurinacionalidad del Estado es, sin el menor razonamiento ni análisis, querer dividirlo. Su lema, fundamentalmente visceral, es “antes una España roja, que rota.” Error craso y suicida, porque, mientras no se acepte la pluralidad nacional real del Estado y se obre en consecuencia, la llamada ‘cuestión territorial’ no tiene solución; no hay cierre posible de la transición democrática, como aseguran voluntaristas olímpicos, ingenuos, trasnochados y algo paletos. Es cierto que hay quienes son partidarios de independentismos de distinto tipo, pero dado que, en mi opinión, es un proyecto erróneo y a veces igualmente fanático en algunas personas, sobre todo cuando se defiende ciegamente en un combate de carneros, hay que preguntarse quién ha dado lugar a que surjan esos propósitos. Hoy no está preparada la población del Estado para llegar en forma masiva a la convicción de la evidente plurinacionalidad de sus componentes, y verosímilmente pasará mucho tiempo hasta que se consiga esa madurez, porque exige a todos lealtad, sacrificios y una pedagogía responsable, delicada y tenaz. El horizonte de la solución se pierde en nuestro ámbito político. En él la lealtad se ve reemplazada con excesiva frecuencia por el oportunismo, el sacrificio se exige, prácticamente sin excepción, al políticamente oponente, y pedir una pedagogía responsable a unos políticos preocupados ante todo, al parecer, de su sillón, es algo que no permite esperar fáciles resultados: inicialmente esa pedagogía está en contradicción flagrante con la que habitualmente se viene haciendo desde mucho tiempo atrás y se hace hoy en la mayor parte del Estado por los partidos. Sobre todo por los que tienen representación ampliamente mayoritaria..
Por último, otro campo donde prolifera el miedo estructural es el de la inmigración. Ésta afecta también, o puede afectar, a la configuración y características de la comunidad política del Estado. Tengo la sospecha de que el miedo más que de la inmigración en sí, es hijo de las políticas que se aplican, de las opiniones públicas que se oyen y de algunas organizaciones, de cuya buena intención yo no voy a dudar en principio, pero que hacen flaco favor a la asimilación del fenómeno inmigratorio, y a la iniciación y al desarrollo de un acertado proyecto de ‘multiculturalidad’. No se puede caminar hacia la convivencia pluricultural, ni dar garantías al ciudadano, cuando se olvida deliberadamente el principio de reciprocidad, esencial, irrenunciable e inevitable en este terreno; cuando se fomenta el recelo frente a la reflexión y a la crítica ante un fenómeno complejo y difícil con multitud de luces y sombras; cuando se pretende identificar con el racismo todo esfuerzo de comprensión y de destacar los bienes y los peligros de la inmigración. El racismo es una teoría y una actitud que están a años luz de tales esfuerzos. No saber percibir que todos los grupos inmigrantes no representan –a veces, ni por pienso- el mismo influjo sobre la comunidad receptora, lleva a errores que pueden pagarse muy caros. Entre otras cosas lleva a suscitar la incomprensión de aquellos ciudadanos que tropiezan en su caminar con los aspectos más oscuros de la inmigración. Aun cuando moleste a más de uno, pienso que ciertas ONG’s juegan de hecho, a veces, un papel irresponsable y perverso: conseguir que los legítimos temores de una opinión pública, alarmada por acontecimientos reales concretos, se transfieran a la inmigración como tal. Y esto no es justo, ni responde a la realidad. Y en último término, si somos incapaces de respetar nuestra ‘multiculturalidad interna’ consistente en ligeras diferencias; si no somos capaces de arreglar nuestra casa, ¿cómo vamos a compaginar diferencias ajenas, muchas de ellas de gran consideración? ¿qué ‘multiculturalidad’ vamos a ser capaces de crear? ¡Qué ganas de engañarnos a nosotros mismos!
Estos miedos, frecuentemente paralizantes de la vida social y política, son una amenaza para la subsistencia razonable del sistema democrático. Parecen fomentados desde algunas instancias que no han superado la nostalgia del régimen dictatorial, o no han llegado a la madurez necesaria para amar la libertad y no tenerle miedo. En congruencia con esa nostalgia y con ese miedo, hay una aparente indiferencia ante actitudes y manifestaciones claramente totalitarias, fascistas, que no se denuncian, ni suscitan protestas, ni convocatoria de actuaciones públicas para denunciarlas y condenarlas, ni se tipifican en el Código Penal, a pesar de ser un peligro cierto para el sistema. Pero de esto, en otra ocasión.
Bilbao, a 4 de mayo de 2009
(J. Gabriel de Mariscal) )DEIA, 23.06.09, p. 5
Hace unos días reflexionábamos sobre el miedo al cambio normativo, pero el temor a modificar las normas tiene naturalmente su apoyo en otro miedo mucho más profundo: el miedo al cambio que lleva o puede llevar consigo la modificación de normas fundamentales; el miedo al cambio de la configuración del Estado. Este cambio es de importancia trascendental, porque la estructura actual no responde a la realidad de las comunidades humanas que lo componen. Y ello hace sumamente difícil una convivencia satisfactoria para todos. Pero en este campo el miedo es casi mayor que esa importancia.
El mapa de la Península es plurinacional. No sólo porque hay dos Estados,-España y Portugal-, sino porque el Estado español está constituído evidentemente por una pluralidad de naciones. No se puede borrar del mapa, como algunos ciegos querrían, la realidad tozuda de Cataluña, Euskadi y Galicia. Pues bien, hay una gran cantidad de españoles que no quieren ni oír hablar de esta realidad indiscutible. El españolismo fanático, unitario y uniformista, tiene muchos partidarios. Demasiados. Lo peor es que gran número de ellos, además de tener espíritu de avestruz, se encubren principalmente tras la levita de Aznar antes, y ahora de la de Rajoy, convirtiendo al PP en un partido con rabo de paja, incapaz de entrar en una política sensata y benéfica para la mayoría de los ciudadanos,. La transparencia democrática exige que el PP se depure de todo ese lastre y que sus componentes de extrema derecha se organicen en un partido distintamente perceptible a la vista de todos. Tampoco hay que olvidar el españolismo presente en el PSOE, más sutil y engañoso, pero, en realidad, igualmente fanático. Para todos estos ‘iluminados’ hablar de la plurinacionalidad del Estado es, sin el menor razonamiento ni análisis, querer dividirlo. Su lema, fundamentalmente visceral, es “antes una España roja, que rota.” Error craso y suicida, porque, mientras no se acepte la pluralidad nacional real del Estado y se obre en consecuencia, la llamada ‘cuestión territorial’ no tiene solución; no hay cierre posible de la transición democrática, como aseguran voluntaristas olímpicos, ingenuos, trasnochados y algo paletos. Es cierto que hay quienes son partidarios de independentismos de distinto tipo, pero dado que, en mi opinión, es un proyecto erróneo y a veces igualmente fanático en algunas personas, sobre todo cuando se defiende ciegamente en un combate de carneros, hay que preguntarse quién ha dado lugar a que surjan esos propósitos. Hoy no está preparada la población del Estado para llegar en forma masiva a la convicción de la evidente plurinacionalidad de sus componentes, y verosímilmente pasará mucho tiempo hasta que se consiga esa madurez, porque exige a todos lealtad, sacrificios y una pedagogía responsable, delicada y tenaz. El horizonte de la solución se pierde en nuestro ámbito político. En él la lealtad se ve reemplazada con excesiva frecuencia por el oportunismo, el sacrificio se exige, prácticamente sin excepción, al políticamente oponente, y pedir una pedagogía responsable a unos políticos preocupados ante todo, al parecer, de su sillón, es algo que no permite esperar fáciles resultados: inicialmente esa pedagogía está en contradicción flagrante con la que habitualmente se viene haciendo desde mucho tiempo atrás y se hace hoy en la mayor parte del Estado por los partidos. Sobre todo por los que tienen representación ampliamente mayoritaria..
Por último, otro campo donde prolifera el miedo estructural es el de la inmigración. Ésta afecta también, o puede afectar, a la configuración y características de la comunidad política del Estado. Tengo la sospecha de que el miedo más que de la inmigración en sí, es hijo de las políticas que se aplican, de las opiniones públicas que se oyen y de algunas organizaciones, de cuya buena intención yo no voy a dudar en principio, pero que hacen flaco favor a la asimilación del fenómeno inmigratorio, y a la iniciación y al desarrollo de un acertado proyecto de ‘multiculturalidad’. No se puede caminar hacia la convivencia pluricultural, ni dar garantías al ciudadano, cuando se olvida deliberadamente el principio de reciprocidad, esencial, irrenunciable e inevitable en este terreno; cuando se fomenta el recelo frente a la reflexión y a la crítica ante un fenómeno complejo y difícil con multitud de luces y sombras; cuando se pretende identificar con el racismo todo esfuerzo de comprensión y de destacar los bienes y los peligros de la inmigración. El racismo es una teoría y una actitud que están a años luz de tales esfuerzos. No saber percibir que todos los grupos inmigrantes no representan –a veces, ni por pienso- el mismo influjo sobre la comunidad receptora, lleva a errores que pueden pagarse muy caros. Entre otras cosas lleva a suscitar la incomprensión de aquellos ciudadanos que tropiezan en su caminar con los aspectos más oscuros de la inmigración. Aun cuando moleste a más de uno, pienso que ciertas ONG’s juegan de hecho, a veces, un papel irresponsable y perverso: conseguir que los legítimos temores de una opinión pública, alarmada por acontecimientos reales concretos, se transfieran a la inmigración como tal. Y esto no es justo, ni responde a la realidad. Y en último término, si somos incapaces de respetar nuestra ‘multiculturalidad interna’ consistente en ligeras diferencias; si no somos capaces de arreglar nuestra casa, ¿cómo vamos a compaginar diferencias ajenas, muchas de ellas de gran consideración? ¿qué ‘multiculturalidad’ vamos a ser capaces de crear? ¡Qué ganas de engañarnos a nosotros mismos!
Estos miedos, frecuentemente paralizantes de la vida social y política, son una amenaza para la subsistencia razonable del sistema democrático. Parecen fomentados desde algunas instancias que no han superado la nostalgia del régimen dictatorial, o no han llegado a la madurez necesaria para amar la libertad y no tenerle miedo. En congruencia con esa nostalgia y con ese miedo, hay una aparente indiferencia ante actitudes y manifestaciones claramente totalitarias, fascistas, que no se denuncian, ni suscitan protestas, ni convocatoria de actuaciones públicas para denunciarlas y condenarlas, ni se tipifican en el Código Penal, a pesar de ser un peligro cierto para el sistema. Pero de esto, en otra ocasión.
Bilbao, a 4 de mayo de 2009
EL MIEDO AL CAMBIO NORMATIVO
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 12.06.09, p. 5)
En la vida política española el miedo se asienta con amplitud y firmeza, al menos desde que yo tengo conciencia de mi entorno. Voy a pasar por alto el miedo cerval que imperó con más o menos violencia, a veces enorme, durante la Dictadura. Fusilamientos sin motivo inteligible si es que puede tener alguno asesinar a personas, multas, a veces de una desproporción escandalosa, por un quítame allá esas pajas. No digamos nada de hacer algún acto que supusiera un indicio de crítica política al régimen; la reacción era contundente. La participación en conversaciones para un convenio laboral que, al atascarse, provocaban, excepcionalísimamente y después de 1962, una huelga, te colgaba el sambenito de ‘agitador’ y pasabas por la policía con mejor o peor suerte. Dejemos estos tiempos especialmente siniestros y contemplemos nuestro pomposo presente democrático sin el menor ánimo de hacer comparaciones.
El miedo sigue a la orden del día. Hay miedo a cualquier tipo de cambio, sea normativo, sea estructural. No es que el cambio por el cambio vaya a ser necesariamente mejor, pero la vida anda, el cambio es inevitable y es imprescindible para progresar. La falta de sentido del interés general es patente: nuestras gentes, y, por ende, nuestros políticos, no se preguntan si el país necesita éste o aquel cambio. Sólo les interesa si él o su grupo van a salir más o menos supuestamente beneficiados o perjudicados, olvidando que en los grandes números aplicados al plano personal o de grupo ni todo es ventaja, ni todo inconveniente. En realidad, como decía alguien, cuando sube la marea todos los objetos flotantes, grandes y pequeños, suben.
Tenemos una Constitución prácticamente virgen de treinta años de edad. Para un texto que regula los aspectos básicos de la vida de un país, es una norma ‘muy vieja’. Basta comparar su vida con la de las Constituciones recientes de otros países del entorno. En este mismo periódico escribí yo hace algún tiempo sobre el particular, ofreciendo los datos de los cambios experimentados por Constituciones como las de Alemania y Francia. Pues bien, aquí igualmente la comunidad política ha sufrido transformaciones fundamentales. Los intereses de los ciudadanos han variado en forma visible. Las listas electorales cerradas –de las que hace veinticinco años yo era defensor convencido- son una antigualla: muchos ciudadanos veríamos desaparecer ‘el dorsal’ con sumo gusto, para poder mantener con holgura nuestro interés por el voto. Treinta años de experiencia han demostrado que hay cosas que no funcionan razonablemente bien con la regulación vigente y sus normas de desarrollo. No se pueden mantener unas asociaciones judiciales, ni la condición de funcionarios que se da a los jueces, porque resultan un serio impedimento para la independencia judicial. El gobierno de los jueces debe ser compatible con su carácter de estrictas autoridades. Hay que intentar una delimitación más precisa de la separación y de la coordinación de los Poderes. Sobre todo teniendo en cuenta que hay importantes poderes autonómicos y que, en los conflictos, la tendencia a arrollarlos es difícilmente evitable, si no hay normas precisas y si no se exige responsabilidad por su transgresión. Siendo necesario todo esto y otras muchas cosas más, hay miedo pánico a enfrentar unas modificaciones constitucionales imprescindibles y cada parte se atrinchera en su bastión por temor a que el cambio le perjudique. Y ello aun cuando, como no soporta ni la sospecha del mínimo perjuicio posible, la convivencia se rarifique y quiebre con perspectivas oscuras para el sistema.
El Estatuto de Autonomía de Euskadi es otro capítulo paradigmático. El pretexto es siempre el mismo: hay que llegar a un acuerdo. Yo soy el primero en considerar necesaria la transversalidad, pero no engañar a la ciudadanía requiere dos condiciones. La primera es que esa exigencia sea leal, que no sirva para rechazar de plano los textos que presenten las partes y que, en tanto no se haya establecido un acuerdo, deben servir como documento de trabajo para la discusión. O bien que sea un simple pretexto para no presentar textos alternativos a los que se hayan elaborado. Hasta ahora esto es lo que ha sucedido. Y eso equivale a no querer atender a exigencias de cambio de una parte, aun cuando las demás partes no sientan su necesidad o su conveniencia. La segunda condición es la moderación en la crítica. Es esperpéntico, por ejemplo, que la parte de la comunidad que se siente legítimamente española y que, por tanto, tiene tras sí en el Estado más de cuarenta y cinco millones de personas, se presente como víctima de la supuesta opresión de un puñado de ciudadanos –apenas un millón y poco más- que o se sienten sólo vascos, o se sienten vascos y españoles. (No estoy hablando de ETA, del cáncer que nos afecta a TODOS, porque, salvo unos miles de iluminados, todos estamos de acuerdo en que no debería existir). Es también pura demagogia y sería de risa, si no fuera por la mala fe o la ceguera que encierra y por los efectos perniciosos de semejante actitud, que frente a un idioma como el vascuence –isla en medio de la latinidad y con un número de usuarios que sobrepasa con dificultad el medio millón- se arremeta contra su imposición y se presente lastimeramente la necesidad de defender el castellano, idioma poseído y hablado por los más de cuarenta y cinco millones de ciudadanos del solar estatal y por trescientos millones o más en el mundo, impuesto y defendido por el Estado en escuelas y universidades, administración y juzgados, objeto de difusión por el Instituto Cervantes y, en una palabra, instrumento de dominación cultural verdaderamente sobrecogedor. Otra cosa es que a muchos les resulte incómodo abordar el idioma local o quedarse al margen de ese instrumento de comunicación. Cosa ésta no sorprendente en un país que, como España, es ampliamente analfabeto en idiomas que no sean el mamado en la niñez. Sin embargo, el respeto a los derechos de las minorías lleva consigo por necesidad incomodidades para la mayoría, como acertadamente dice Wymlicka. Y, según dice también este autor, si no se aceptan las incomodidades, se imponen los intereses de la mayoría, se comete una injusticia evidente y se crea un problema innecesario.
Con esta parálisis, sufre y se perjudica el Estado, sufren y se perjudican sus naciones, y sufrimos y nos perjudicamos los nacionales de unas y otras bandas. Todo ello sin necesidad, por la ceguera voluntaria de la mayoría y seguramente por el desacierto de las minorías en liza. ¿Reflexionaremos todos algún día?
Bilbao, a 28 de mayo de 2009
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 12.06.09, p. 5)
En la vida política española el miedo se asienta con amplitud y firmeza, al menos desde que yo tengo conciencia de mi entorno. Voy a pasar por alto el miedo cerval que imperó con más o menos violencia, a veces enorme, durante la Dictadura. Fusilamientos sin motivo inteligible si es que puede tener alguno asesinar a personas, multas, a veces de una desproporción escandalosa, por un quítame allá esas pajas. No digamos nada de hacer algún acto que supusiera un indicio de crítica política al régimen; la reacción era contundente. La participación en conversaciones para un convenio laboral que, al atascarse, provocaban, excepcionalísimamente y después de 1962, una huelga, te colgaba el sambenito de ‘agitador’ y pasabas por la policía con mejor o peor suerte. Dejemos estos tiempos especialmente siniestros y contemplemos nuestro pomposo presente democrático sin el menor ánimo de hacer comparaciones.
El miedo sigue a la orden del día. Hay miedo a cualquier tipo de cambio, sea normativo, sea estructural. No es que el cambio por el cambio vaya a ser necesariamente mejor, pero la vida anda, el cambio es inevitable y es imprescindible para progresar. La falta de sentido del interés general es patente: nuestras gentes, y, por ende, nuestros políticos, no se preguntan si el país necesita éste o aquel cambio. Sólo les interesa si él o su grupo van a salir más o menos supuestamente beneficiados o perjudicados, olvidando que en los grandes números aplicados al plano personal o de grupo ni todo es ventaja, ni todo inconveniente. En realidad, como decía alguien, cuando sube la marea todos los objetos flotantes, grandes y pequeños, suben.
Tenemos una Constitución prácticamente virgen de treinta años de edad. Para un texto que regula los aspectos básicos de la vida de un país, es una norma ‘muy vieja’. Basta comparar su vida con la de las Constituciones recientes de otros países del entorno. En este mismo periódico escribí yo hace algún tiempo sobre el particular, ofreciendo los datos de los cambios experimentados por Constituciones como las de Alemania y Francia. Pues bien, aquí igualmente la comunidad política ha sufrido transformaciones fundamentales. Los intereses de los ciudadanos han variado en forma visible. Las listas electorales cerradas –de las que hace veinticinco años yo era defensor convencido- son una antigualla: muchos ciudadanos veríamos desaparecer ‘el dorsal’ con sumo gusto, para poder mantener con holgura nuestro interés por el voto. Treinta años de experiencia han demostrado que hay cosas que no funcionan razonablemente bien con la regulación vigente y sus normas de desarrollo. No se pueden mantener unas asociaciones judiciales, ni la condición de funcionarios que se da a los jueces, porque resultan un serio impedimento para la independencia judicial. El gobierno de los jueces debe ser compatible con su carácter de estrictas autoridades. Hay que intentar una delimitación más precisa de la separación y de la coordinación de los Poderes. Sobre todo teniendo en cuenta que hay importantes poderes autonómicos y que, en los conflictos, la tendencia a arrollarlos es difícilmente evitable, si no hay normas precisas y si no se exige responsabilidad por su transgresión. Siendo necesario todo esto y otras muchas cosas más, hay miedo pánico a enfrentar unas modificaciones constitucionales imprescindibles y cada parte se atrinchera en su bastión por temor a que el cambio le perjudique. Y ello aun cuando, como no soporta ni la sospecha del mínimo perjuicio posible, la convivencia se rarifique y quiebre con perspectivas oscuras para el sistema.
El Estatuto de Autonomía de Euskadi es otro capítulo paradigmático. El pretexto es siempre el mismo: hay que llegar a un acuerdo. Yo soy el primero en considerar necesaria la transversalidad, pero no engañar a la ciudadanía requiere dos condiciones. La primera es que esa exigencia sea leal, que no sirva para rechazar de plano los textos que presenten las partes y que, en tanto no se haya establecido un acuerdo, deben servir como documento de trabajo para la discusión. O bien que sea un simple pretexto para no presentar textos alternativos a los que se hayan elaborado. Hasta ahora esto es lo que ha sucedido. Y eso equivale a no querer atender a exigencias de cambio de una parte, aun cuando las demás partes no sientan su necesidad o su conveniencia. La segunda condición es la moderación en la crítica. Es esperpéntico, por ejemplo, que la parte de la comunidad que se siente legítimamente española y que, por tanto, tiene tras sí en el Estado más de cuarenta y cinco millones de personas, se presente como víctima de la supuesta opresión de un puñado de ciudadanos –apenas un millón y poco más- que o se sienten sólo vascos, o se sienten vascos y españoles. (No estoy hablando de ETA, del cáncer que nos afecta a TODOS, porque, salvo unos miles de iluminados, todos estamos de acuerdo en que no debería existir). Es también pura demagogia y sería de risa, si no fuera por la mala fe o la ceguera que encierra y por los efectos perniciosos de semejante actitud, que frente a un idioma como el vascuence –isla en medio de la latinidad y con un número de usuarios que sobrepasa con dificultad el medio millón- se arremeta contra su imposición y se presente lastimeramente la necesidad de defender el castellano, idioma poseído y hablado por los más de cuarenta y cinco millones de ciudadanos del solar estatal y por trescientos millones o más en el mundo, impuesto y defendido por el Estado en escuelas y universidades, administración y juzgados, objeto de difusión por el Instituto Cervantes y, en una palabra, instrumento de dominación cultural verdaderamente sobrecogedor. Otra cosa es que a muchos les resulte incómodo abordar el idioma local o quedarse al margen de ese instrumento de comunicación. Cosa ésta no sorprendente en un país que, como España, es ampliamente analfabeto en idiomas que no sean el mamado en la niñez. Sin embargo, el respeto a los derechos de las minorías lleva consigo por necesidad incomodidades para la mayoría, como acertadamente dice Wymlicka. Y, según dice también este autor, si no se aceptan las incomodidades, se imponen los intereses de la mayoría, se comete una injusticia evidente y se crea un problema innecesario.
Con esta parálisis, sufre y se perjudica el Estado, sufren y se perjudican sus naciones, y sufrimos y nos perjudicamos los nacionales de unas y otras bandas. Todo ello sin necesidad, por la ceguera voluntaria de la mayoría y seguramente por el desacierto de las minorías en liza. ¿Reflexionaremos todos algún día?
Bilbao, a 28 de mayo de 2009
jueves, 24 de diciembre de 2009
Desprecio a la ciudadania
La pretendida huelga de los jueces es un escándalo anticonstitucional. Los jueces, cada juez, constituyen un poder del Estado. En cuanto tales, son una autoridad y esa calidad, ese status, predomina y debe predominar obviamente sobre toda otra característica. Es claro que una autoridad del Estado, uno de sus Poderes fundamentales, no puede asumir una huelga sin convertirse en mofa de los ciudadanos y sin que eso pueda considerarse una grave transgresión constitucional. No hace falta ninguna norma expresa que lo diga y no la hay porque es algo obvio. El hecho de que en el modelo vigente el juez sea a la vez funcionario, es, por una parte, una incongruencia incompatible, a mi entender, con la Constitución. El texto jurídico básico no dice una palabra sobre esto. Muy al contrario, la Administración, campo nato del funcionario, se regula en el Título IV, mientras que la Judicatura está regulada en el Título VI, sin que entre ambos Títulos haya el menor vínculo jurídico estructural. La norma de que jueces y magistrados de carrera constituyen un cuerpo único (art. 122.1 CE) sólo puede interpretarse como funcionariado por mentes sujetas a la servidumbre de un esquema antidemocrático e inaceptable para la concepción de un Poder Judicial que tutele en verdad, con independencia e imparcialidad, los derechos del ciudadano. La Ley Orgánica del Poder Judicial es la que siguiendo un esquema ancestral, encuadra al juez en el funcionariado con dos consecuencias graves para la independencia judicial: el juez queda integrado, con el incomprensible apoyo en este punto del art. 122.2 CE, en una estructura jerárquica que interfiere en todas las vicisitudes más decisivas de su vida profesional,- nombramientos, ascensos, vacaciones, incompatibilidades, y, por tanto, también ingresos- y, por si fuera poco, se somete al juez a una responsabilidad igualmente incompatible con su independencia: la responsabilidad disciplinaria, que le hace sujeto de cualquier veleidad de quien sea su superior en la escala jerárquica. ¿Dónde queda la independencia? ¿En la supuesta distinción entre función jurisdiccional y status administrativo? Y ¿quién dice que esa distinción es real y eficazmente posible en la práctica? Yo, como ciudadano, no me lo creo y, por tanto, mientras subsista esa situación tendré para mí que nuestros jueces no son independientes ni por pienso.
Esto es ya un dislate considerable, por tanto, pero aún hay otro mayor si cabe en el sistema constitucional vigente. Incluye en la Constitución una norma manifiesta y paradójicamente inconstitucional: el último inciso del artículo 127.1 que prevé la legalidad de las malhadadas asociaciones profesionales, pese a haberse dispuesto anteriormente, artículo117.4, que los jueces, salvo atribución expresa de la ley, no ejercerán sino la función jurisdiccional y que, por añadidura, -primer inciso del artículo 127.1- tienen constitucionalmente prohibido mientras estén en activo, es decir, mientras conserven su condición de autoridad, desempeñar otros cargos públicos, o pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
Es evidente el carácter simplemente contradictorio de esta regulación. La calificación de estas asociaciones como “profesionales”, ni les priva de su verdadera naturaleza sindical (¿qué es una asociación profesional sino un sindicato amarillo o no?), ni, lo que es mucho más grave, les impide intervenir en pura y escandalosa política partidista a sus miembros, bien directamente, bien a través de sus portavoces; naturalmente sin haber sufrido el dictamen de las urnas. Lo hemos visto muchas veces, pero estos días ha habido actuaciones una vez más “estelares”. Así, ante la petición parlamentaria de que acudan al Parlamento para exponer sus problemas, por la razón obvia de que corresponde básicamente a la representación de la soberanía popular decidir cómo se pueden y se deben abordar sus planteamientos, uno de los representantes de la llamada Asociación Profesional de la Magistratura –para colmo, mayoritaria- se ha permitido decir con desparpajo digno de mejor causa, que no le consta la obligación de un juez de acudir a la llamada del Parlamento. Por lo visto, o bien desconoce el artículo 76.2 CE·, que impone esa obligación sin distinciones y sujeta a sanciones su incumplimiento, la Ley Orgánica 5/1984 que establece la obligación de comparecer para “todos los ciudadanos españoles”, incluso para los extranjeros residentes en España (art. 1.1), y el art. 502.1 del Código Penal que califica de delito de desobediencia el no comparecer, -lo que para un juez es ignorar muy mucho - o bien estima que él y los demás jueces no son ciudadanos, en cuyo caso debería decirnos qué demonio son.
Cuando se habla de reformar la Constitución, son normas como las aquí denunciadas por contradictorias e inconstitucionales a pesar de alojarse en la Constitución, las que deben derogarse o modificarse, y no las tonterías de las que se viene hablando habitualmente. Cuando se dice querer modificar el sistema judicial, hay que pensar en la exclusión del juez de todo esquema jerárquico, funcionarial, de toda responsabilidad disciplinaria, y en la construcción de una mejor selección de los miembros de la judicatura y de una responsabilidad civil y penal de los mismos que sea eficazmente exigible por el ciudadano sin merma de las garantías que un juez debe tener. No se puede admitir personas bisoñas, carentes de experiencia, en la sede del proceso, ni sujetos prácticamente irresponsables ante la ciudadanía, cuando el único sentido de la existencia de tales autoridades es la defensa de los derechos que los ciudadanos vean conculcados. Lo que ocurre es que ningún político quiere de verdad una judicatura independiente, ni, por ende, va a abordar una modificación que conduzca a tenerla.
Bilbao, a 20 de enero de 2009
Esto es ya un dislate considerable, por tanto, pero aún hay otro mayor si cabe en el sistema constitucional vigente. Incluye en la Constitución una norma manifiesta y paradójicamente inconstitucional: el último inciso del artículo 127.1 que prevé la legalidad de las malhadadas asociaciones profesionales, pese a haberse dispuesto anteriormente, artículo117.4, que los jueces, salvo atribución expresa de la ley, no ejercerán sino la función jurisdiccional y que, por añadidura, -primer inciso del artículo 127.1- tienen constitucionalmente prohibido mientras estén en activo, es decir, mientras conserven su condición de autoridad, desempeñar otros cargos públicos, o pertenecer a partidos políticos o sindicatos.
Es evidente el carácter simplemente contradictorio de esta regulación. La calificación de estas asociaciones como “profesionales”, ni les priva de su verdadera naturaleza sindical (¿qué es una asociación profesional sino un sindicato amarillo o no?), ni, lo que es mucho más grave, les impide intervenir en pura y escandalosa política partidista a sus miembros, bien directamente, bien a través de sus portavoces; naturalmente sin haber sufrido el dictamen de las urnas. Lo hemos visto muchas veces, pero estos días ha habido actuaciones una vez más “estelares”. Así, ante la petición parlamentaria de que acudan al Parlamento para exponer sus problemas, por la razón obvia de que corresponde básicamente a la representación de la soberanía popular decidir cómo se pueden y se deben abordar sus planteamientos, uno de los representantes de la llamada Asociación Profesional de la Magistratura –para colmo, mayoritaria- se ha permitido decir con desparpajo digno de mejor causa, que no le consta la obligación de un juez de acudir a la llamada del Parlamento. Por lo visto, o bien desconoce el artículo 76.2 CE·, que impone esa obligación sin distinciones y sujeta a sanciones su incumplimiento, la Ley Orgánica 5/1984 que establece la obligación de comparecer para “todos los ciudadanos españoles”, incluso para los extranjeros residentes en España (art. 1.1), y el art. 502.1 del Código Penal que califica de delito de desobediencia el no comparecer, -lo que para un juez es ignorar muy mucho - o bien estima que él y los demás jueces no son ciudadanos, en cuyo caso debería decirnos qué demonio son.
Cuando se habla de reformar la Constitución, son normas como las aquí denunciadas por contradictorias e inconstitucionales a pesar de alojarse en la Constitución, las que deben derogarse o modificarse, y no las tonterías de las que se viene hablando habitualmente. Cuando se dice querer modificar el sistema judicial, hay que pensar en la exclusión del juez de todo esquema jerárquico, funcionarial, de toda responsabilidad disciplinaria, y en la construcción de una mejor selección de los miembros de la judicatura y de una responsabilidad civil y penal de los mismos que sea eficazmente exigible por el ciudadano sin merma de las garantías que un juez debe tener. No se puede admitir personas bisoñas, carentes de experiencia, en la sede del proceso, ni sujetos prácticamente irresponsables ante la ciudadanía, cuando el único sentido de la existencia de tales autoridades es la defensa de los derechos que los ciudadanos vean conculcados. Lo que ocurre es que ningún político quiere de verdad una judicatura independiente, ni, por ende, va a abordar una modificación que conduzca a tenerla.
Bilbao, a 20 de enero de 2009
Aminatu Haidar
Entiendo que la apropiación del Sahara por Marruecos ha sido una usurpación de su territorio al pueblo saharaui. Es Marruecos quien ha quitado a la Sra. Haidar el pasaporte marroquí por un motivo, a mi juicio fútil: poner en un papel de inmigración “nacionalidad saharaui” no modifica obviamente el status jurídico de la persona, por lo que arrebatarle el pasaporte es una medida cuando menos enormemente desmesurada. Entiendo igualmente que la Sra. Haidar quiera defender su identidad nacional y los derechos de su pueblo. Pero todo ello es, sin duda y con toda claridad, un problema exclusivo de la Sra. Haidar y del Reino de Marruecos. Que a la Sra. Haidar le parezca oportuno defender su posición con una huelga de hambre es una decisión también exclusivamente suya.
La admisión de esta señora en el territorio español por motivos humanitarios no modifica en absoluto lo anterior ni implica para el gobierno del Estado más obligación que la que tiene frente a cualquier otra persona. Dado que el suicidio no está penado en nuestro Código Penal, que la Sra. Haidar siga con su huelga hasta la muerte no afecta para nada al gobierno estatal y sigue siendo asunto exclusivamente de la dicha señora y del Reino de Marruecos.
Bien está que por motivos humanitarios se intente convencer a una persona de que deje la huelga de hambre, se hagan gestiones diplomáticas, se le ofrezca toda clase de soluciones y se le ayude a mantenerse. Pero si, además, la persona en cuestión se niega tozudamente a aceptar todo lo que no sea que se cumpla su propósito y esa exigencia se la hace a quien obviamente no puede cumplirlo, en este caso al gobierno del Estado, no puede legítimamente descargar la responsabilidad de lo que haya decidido en este último gobierno. Tal pretensión tiene toda la apariencia de una extorsión; de lo que suele llamarse un chantaje.
En cuanto a la alimentación o no por fuerza, dadas las circunstancias indicadas, resulta esperpéntico que la Sra. Haidar y su abogada hablen de acudir a los tribunales españoles. ¿Para qué? Yo personalmente creo que, salvo algunas excepciones que ahora no me parecen del caso, las huelgas de hambre son, en principio, una extorsión decidida voluntariamente por quien decide hacerla. Por lo tanto, si la decisión es seguirla a muerte, a nadie se puede imputar responsabilidad por tal efecto salvo al huelguista y, a lo sumo, a quien haya provocado su actitud, siempre que la provocación sea ilegítima En este caso, una vez más la responsabilidad sería, en su caso, del Reino de Marruecos, además de de la Sra. Haidar.
Aun cuando me parece perfectamente legítima la teoría de que, una vez inconsciente la persona, no puede saberse lo que quiere y, por ello, no sería torcer su voluntad alimentarle en forma artificial, yo no veo que tal cosa sea una obligación de nadie que no haya provocado ilegítimamente la huelga. Por lo tanto, el huelguista se morirá por otras razones, pero no por la conducta del que no le ha provocado.En cualquier caso también conviene aclarar que la teoría de la alimentación forzosa a la persona inconsciente no quiebra por el hecho de que ésta haya declarado por escrito –sea o no notarial- su voluntad de que se le deje morir. Tal declaración sólo es válida mientras su emisor pueda confirmarla, lo que no es posible si está inconsciente. En este caso, no puede saberse obviamente si mantiene o no tal voluntad.
Finalmente, aun cuando yo no soy ni remotamente un admirador del “Gobierno Zapatero”, sobre todo a partir de hace ya una serie de meses, me parece indecente y miserable la postura del PP, de otros políticos y de nuestras gentes bienpensantes, incluídos algunos intelectuales. Es un dislate, a mi juicio perversamente interesado, airear que el Estado tiene que resolver el problema, que el gobierno es el obligado a resolverlo y, si no yerro, acusando al gobierno de haber permitido entrar en territorio español a la Sra. Haidar sin papeles. Hay que decir a esta gente, sobre todo a los políticos, que no es legítimo siempre arrimar el ascua a la propia sardina, sea meramente interesada, sea, además, ideológica. Esta acusación al gobierno me parece contraria a la ética más elemental, y la exigencia de que el gobierno supere el problema, pedirle que resuelva la cuadratura del círculo: que haga lo que tienen que hacer el Reino de Marruecos y la Sra. Haidar, únicos con posibilidad de resolverlo. Para hacer oposición no basta mirar simplemente que hace o dice esto o lo otro quien está en el gobierno; hay que preguntarse por lo que hace o dice, para criticar, si es que fuere criticable, con razones y argumentos, no con tópicos y despropósitos, el contenido de su mensaje o de su actuación. Pero esto parece superar al personal de este país.
Bilbao, a 10 de diciembre de 2009 *Jurista
La admisión de esta señora en el territorio español por motivos humanitarios no modifica en absoluto lo anterior ni implica para el gobierno del Estado más obligación que la que tiene frente a cualquier otra persona. Dado que el suicidio no está penado en nuestro Código Penal, que la Sra. Haidar siga con su huelga hasta la muerte no afecta para nada al gobierno estatal y sigue siendo asunto exclusivamente de la dicha señora y del Reino de Marruecos.
Bien está que por motivos humanitarios se intente convencer a una persona de que deje la huelga de hambre, se hagan gestiones diplomáticas, se le ofrezca toda clase de soluciones y se le ayude a mantenerse. Pero si, además, la persona en cuestión se niega tozudamente a aceptar todo lo que no sea que se cumpla su propósito y esa exigencia se la hace a quien obviamente no puede cumplirlo, en este caso al gobierno del Estado, no puede legítimamente descargar la responsabilidad de lo que haya decidido en este último gobierno. Tal pretensión tiene toda la apariencia de una extorsión; de lo que suele llamarse un chantaje.
En cuanto a la alimentación o no por fuerza, dadas las circunstancias indicadas, resulta esperpéntico que la Sra. Haidar y su abogada hablen de acudir a los tribunales españoles. ¿Para qué? Yo personalmente creo que, salvo algunas excepciones que ahora no me parecen del caso, las huelgas de hambre son, en principio, una extorsión decidida voluntariamente por quien decide hacerla. Por lo tanto, si la decisión es seguirla a muerte, a nadie se puede imputar responsabilidad por tal efecto salvo al huelguista y, a lo sumo, a quien haya provocado su actitud, siempre que la provocación sea ilegítima En este caso, una vez más la responsabilidad sería, en su caso, del Reino de Marruecos, además de de la Sra. Haidar.
Aun cuando me parece perfectamente legítima la teoría de que, una vez inconsciente la persona, no puede saberse lo que quiere y, por ello, no sería torcer su voluntad alimentarle en forma artificial, yo no veo que tal cosa sea una obligación de nadie que no haya provocado ilegítimamente la huelga. Por lo tanto, el huelguista se morirá por otras razones, pero no por la conducta del que no le ha provocado.En cualquier caso también conviene aclarar que la teoría de la alimentación forzosa a la persona inconsciente no quiebra por el hecho de que ésta haya declarado por escrito –sea o no notarial- su voluntad de que se le deje morir. Tal declaración sólo es válida mientras su emisor pueda confirmarla, lo que no es posible si está inconsciente. En este caso, no puede saberse obviamente si mantiene o no tal voluntad.
Finalmente, aun cuando yo no soy ni remotamente un admirador del “Gobierno Zapatero”, sobre todo a partir de hace ya una serie de meses, me parece indecente y miserable la postura del PP, de otros políticos y de nuestras gentes bienpensantes, incluídos algunos intelectuales. Es un dislate, a mi juicio perversamente interesado, airear que el Estado tiene que resolver el problema, que el gobierno es el obligado a resolverlo y, si no yerro, acusando al gobierno de haber permitido entrar en territorio español a la Sra. Haidar sin papeles. Hay que decir a esta gente, sobre todo a los políticos, que no es legítimo siempre arrimar el ascua a la propia sardina, sea meramente interesada, sea, además, ideológica. Esta acusación al gobierno me parece contraria a la ética más elemental, y la exigencia de que el gobierno supere el problema, pedirle que resuelva la cuadratura del círculo: que haga lo que tienen que hacer el Reino de Marruecos y la Sra. Haidar, únicos con posibilidad de resolverlo. Para hacer oposición no basta mirar simplemente que hace o dice esto o lo otro quien está en el gobierno; hay que preguntarse por lo que hace o dice, para criticar, si es que fuere criticable, con razones y argumentos, no con tópicos y despropósitos, el contenido de su mensaje o de su actuación. Pero esto parece superar al personal de este país.
Bilbao, a 10 de diciembre de 2009 *Jurista
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