EL MIEDO AL CAMBIO NORMATIVO
(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 12.06.09, p. 5)
En la vida política española el miedo se asienta con amplitud y firmeza, al menos desde que yo tengo conciencia de mi entorno. Voy a pasar por alto el miedo cerval que imperó con más o menos violencia, a veces enorme, durante la Dictadura. Fusilamientos sin motivo inteligible si es que puede tener alguno asesinar a personas, multas, a veces de una desproporción escandalosa, por un quítame allá esas pajas. No digamos nada de hacer algún acto que supusiera un indicio de crítica política al régimen; la reacción era contundente. La participación en conversaciones para un convenio laboral que, al atascarse, provocaban, excepcionalísimamente y después de 1962, una huelga, te colgaba el sambenito de ‘agitador’ y pasabas por la policía con mejor o peor suerte. Dejemos estos tiempos especialmente siniestros y contemplemos nuestro pomposo presente democrático sin el menor ánimo de hacer comparaciones.
El miedo sigue a la orden del día. Hay miedo a cualquier tipo de cambio, sea normativo, sea estructural. No es que el cambio por el cambio vaya a ser necesariamente mejor, pero la vida anda, el cambio es inevitable y es imprescindible para progresar. La falta de sentido del interés general es patente: nuestras gentes, y, por ende, nuestros políticos, no se preguntan si el país necesita éste o aquel cambio. Sólo les interesa si él o su grupo van a salir más o menos supuestamente beneficiados o perjudicados, olvidando que en los grandes números aplicados al plano personal o de grupo ni todo es ventaja, ni todo inconveniente. En realidad, como decía alguien, cuando sube la marea todos los objetos flotantes, grandes y pequeños, suben.
Tenemos una Constitución prácticamente virgen de treinta años de edad. Para un texto que regula los aspectos básicos de la vida de un país, es una norma ‘muy vieja’. Basta comparar su vida con la de las Constituciones recientes de otros países del entorno. En este mismo periódico escribí yo hace algún tiempo sobre el particular, ofreciendo los datos de los cambios experimentados por Constituciones como las de Alemania y Francia. Pues bien, aquí igualmente la comunidad política ha sufrido transformaciones fundamentales. Los intereses de los ciudadanos han variado en forma visible. Las listas electorales cerradas –de las que hace veinticinco años yo era defensor convencido- son una antigualla: muchos ciudadanos veríamos desaparecer ‘el dorsal’ con sumo gusto, para poder mantener con holgura nuestro interés por el voto. Treinta años de experiencia han demostrado que hay cosas que no funcionan razonablemente bien con la regulación vigente y sus normas de desarrollo. No se pueden mantener unas asociaciones judiciales, ni la condición de funcionarios que se da a los jueces, porque resultan un serio impedimento para la independencia judicial. El gobierno de los jueces debe ser compatible con su carácter de estrictas autoridades. Hay que intentar una delimitación más precisa de la separación y de la coordinación de los Poderes. Sobre todo teniendo en cuenta que hay importantes poderes autonómicos y que, en los conflictos, la tendencia a arrollarlos es difícilmente evitable, si no hay normas precisas y si no se exige responsabilidad por su transgresión. Siendo necesario todo esto y otras muchas cosas más, hay miedo pánico a enfrentar unas modificaciones constitucionales imprescindibles y cada parte se atrinchera en su bastión por temor a que el cambio le perjudique. Y ello aun cuando, como no soporta ni la sospecha del mínimo perjuicio posible, la convivencia se rarifique y quiebre con perspectivas oscuras para el sistema.
El Estatuto de Autonomía de Euskadi es otro capítulo paradigmático. El pretexto es siempre el mismo: hay que llegar a un acuerdo. Yo soy el primero en considerar necesaria la transversalidad, pero no engañar a la ciudadanía requiere dos condiciones. La primera es que esa exigencia sea leal, que no sirva para rechazar de plano los textos que presenten las partes y que, en tanto no se haya establecido un acuerdo, deben servir como documento de trabajo para la discusión. O bien que sea un simple pretexto para no presentar textos alternativos a los que se hayan elaborado. Hasta ahora esto es lo que ha sucedido. Y eso equivale a no querer atender a exigencias de cambio de una parte, aun cuando las demás partes no sientan su necesidad o su conveniencia. La segunda condición es la moderación en la crítica. Es esperpéntico, por ejemplo, que la parte de la comunidad que se siente legítimamente española y que, por tanto, tiene tras sí en el Estado más de cuarenta y cinco millones de personas, se presente como víctima de la supuesta opresión de un puñado de ciudadanos –apenas un millón y poco más- que o se sienten sólo vascos, o se sienten vascos y españoles. (No estoy hablando de ETA, del cáncer que nos afecta a TODOS, porque, salvo unos miles de iluminados, todos estamos de acuerdo en que no debería existir). Es también pura demagogia y sería de risa, si no fuera por la mala fe o la ceguera que encierra y por los efectos perniciosos de semejante actitud, que frente a un idioma como el vascuence –isla en medio de la latinidad y con un número de usuarios que sobrepasa con dificultad el medio millón- se arremeta contra su imposición y se presente lastimeramente la necesidad de defender el castellano, idioma poseído y hablado por los más de cuarenta y cinco millones de ciudadanos del solar estatal y por trescientos millones o más en el mundo, impuesto y defendido por el Estado en escuelas y universidades, administración y juzgados, objeto de difusión por el Instituto Cervantes y, en una palabra, instrumento de dominación cultural verdaderamente sobrecogedor. Otra cosa es que a muchos les resulte incómodo abordar el idioma local o quedarse al margen de ese instrumento de comunicación. Cosa ésta no sorprendente en un país que, como España, es ampliamente analfabeto en idiomas que no sean el mamado en la niñez. Sin embargo, el respeto a los derechos de las minorías lleva consigo por necesidad incomodidades para la mayoría, como acertadamente dice Wymlicka. Y, según dice también este autor, si no se aceptan las incomodidades, se imponen los intereses de la mayoría, se comete una injusticia evidente y se crea un problema innecesario.
Con esta parálisis, sufre y se perjudica el Estado, sufren y se perjudican sus naciones, y sufrimos y nos perjudicamos los nacionales de unas y otras bandas. Todo ello sin necesidad, por la ceguera voluntaria de la mayoría y seguramente por el desacierto de las minorías en liza. ¿Reflexionaremos todos algún día?
Bilbao, a 28 de mayo de 2009