ALGARABIA. ¿PROGRESISTA?
(J. Gabriel de Mariscal)*DEIA, 25.02.10, pp. 4-5
Nuestra sociedad es pródiga en asuntos y situaciones capaces de dejar estupefacto al ciudadano más zurrado por la experiencia. En el campo del Derecho esto se viene produciendo con una habitualidad exagerada y con unas características peligrosas.
Los ejemplos son numerosos y flagrantes. Interferencia en las actuaciones de la Justicia con manifestaciones ruidosas. Acusaciones a alcaldes, hasta desde el Gobierno, porque han querido aplicar la normativa vigente. Movilizaciones sociales estrepitosas con motivo de la aceptación de almacenes de residuos nucleares en una determinada demarcación municipal como respuesta a una encuesta del Gobierno al efecto. Denuncias fáciles y apresuradas de ONG’s (Ecologistas en acción y Greenpeace, entre otras) sobre medio ambiente, que nada tienen que ver con la realidad, a juzgar por los desmentidos oficiales. Nada, pues, nos coge de nuevas en esta sociedad tan aparatosa, donde se hace uso del derecho de manifestación, para hacer ver que no nos gusta lo que a nosotros nos fastidia, no lo que fastidia al bien general, como sería lo correcto. Sin embargo, siento, en verdad, que quienes han iniciado en este caso las querellas contra el Juez Garzón, hayan sido grupos como el llamado “Sindicato de funcionarios Manos Limpias” o la Asociación Civil “Libertad e Identidad”. Por lo que a mí se refiere, Dios confunda a ambos y a algunos otros grupúsculos que abusan de la acción popular para acosar, no ya al Sr. Garzón, sino a gentes de trayectoria a mi juicio mucho más transparente.
A pesar de esa habitualidad de reacciones ruidosas, últimamente, estamos, como juristas, ante otro espectáculo cuando menos sorprendente por el barullo suscitado. Se imputa prevaricación al Juez Garzón en fase de instrucción y se rechaza mediante Auto de 3 de febrero de 2010 su petición de sobreseimiento de la causa. El Auto indicado razona su posición de una forma que, a mi juicio, no puede ser calificada de ilógica y tampoco de “insostenible en su valoración de los hechos, infundado en la aplicación del Derecho material y sinceramente incomprensible en la aplicación del Derecho procesal”, como dice el Recurso de Apelación de la representación del encartado en sus páginas 1 y 2. Es evidente que aquí no podemos hacer de ambos documentos –Auto (53 páginas) y Recurso (45 páginas)- un examen siquiera superficial; pero de ninguno de los dos me parece razonable decir que sea simplemente arbitrario, ni menos esperpéntico.
Parece claro que, en principio, la instrucción se ha terminado después de haber examinado toda la documentación producida en el proceso tramitado por el Sr. Garzón del que la acusación trae su origen. Es lógico, por otra parte, que el encartado no esté de acuerdo con apreciaciones y criterios del Instructor. Pero también es lógico que el Instructor no vea motivo para cambiar la apreciación hecha prima facie, esto es, a primera vista, por la Sala que admitió la querella, si después del examen de la documentación indicada, sigue estimando que la apreciación inicial fué correcta. El hecho de que algunas manifestaciones del Instructor puedan originar cierta perplejidad, como puede ser su supuesta vinculación al parecer de la Sala de admisión, no creo que deba interpretarse más allá de una mala expresión de la coincidencia de su opinión con la apreciación de la Sala al admitir la querella. El no coincidir con la valoración de los hechos, no autoriza a calificar de “insostenible”, y menos de “infundada” una aplicación del Derecho material que se basa en los principios básicos de irretroactividad penal, del momento de entrada en vigor de la ley y de la conculcación del principio del derecho del ciudadano al juez natural, esto es, “al Juez ordinario predeterminado por la ley”, y no a éste o aquel Juez designado por sí mismo. (art. 24.2 de la Constitución).Y si esta última infracción fuere cierta, como parece, constituye grave violación de dicho principio constitucional.
Por otra parte, el escrito de la representación del Sr. Garzón tiene también, en mi opinión, sus ribetes de demagogia: Si la jurisdicción penal no persigue tan horrendos crímenes, quién da satisfacción a las víctimas, pregunta en una ocasión.(pp. 19) Pero la cuestión en juego no es ésta. Cualquier acto, sea de satisfacción a las víctimas, sea de lo que sea, ha de hacerse por los cauces legalmente establecidos. Siguiendo algunas líneas del mencionado recurso, uno llega a la conclusión de que el juez puede asumir las funciones que le parezcan y de que las convenciones internacionales pueden aplicarse sea cual fuere el momento en el que han sido recibidas en el ordenamiento de un Estado determinado. Evidentemente las víctimas de estos horrendos crímenes tienen derecho a satisfacción congrua. Si la legislación no tiene las previsiones oportunas, no hay que sortearla, ni conculcarla; hay que modificarla. Y, dado el revuelo que se ha organizado con las querellas del Sr. Garzón, no parece difícil impulsar esos cambios legislativos: a la vista de tal algarabía no parece que el Gobierno pueda temer una pérdida de votos por tal modificación de las normas..
Conste que yo estoy convencido de que el Estado español tiene pendiente la aclaración y depuración de los hechos sucedidos antes, durante y después de la Guerra Civil, para que se pueda asentar de forma mínimamente aceptable la convivencia democrática: no es bueno echar tierra sobre acontecimientos que han herido y hieren íntimamente a muchos ciudadanos maltratados injusta e ignominiosamente. Así nos va yendo. Pero hay que hacerlo bien, democráticamente, y no creo que contribuya a nada de esto lanzarse por la pendiente voluntarista, en vez de arbitrar todos los medios legales para poderlo hacer con serenidad y, en lo posible, sin manipulaciones interesadas ni alborotos viscerales. Tampoco creo, a juzgar por lo que conozco, que un Juez del tipo del Sr. Garzón, cuyo engreimiento y búsqueda de notoriedad parecen más que visibles desde hace años, sea la persona idónea para conseguir algo realmente positivo en ese campo. En mi opinión, la mayoría de los jueces de la Audiencia Nacional no son aptos para esa tarea: la prepotencia y la abusiva aparición en los medios que ese escalón del entramado tribunalicio permite a los jueces, deforma la naturaleza de la función judicial y corrompe al juez. Lo vemos con demasiada frecuencia.
Bilbao, a 15 de febrero de 2010
*Jurista y Miembro de Res Publica


CASA DE VECINDAD
(J. Gabriel de Mariscal)*DEIA, 3.02.2010, pp. 4-5
Desde luego esto no es una nación. Pero ni siquiera es un Estado. Parece más bien una casa de vecindad, dedicada al comadreo, a criticar lo que hacen otros, a quejarse de los males de la casa y a no aportar nada para solucionarlos: ¡que los resuelvan otros! ¡a mí que me dejen en paz!
La Constitución consagra la autonomía de los Ayuntamientos. Pero cuando el Alcalde de Vic o el de Torrejón toman decisiones que incumben a su competencia constitucional y legal, como es el padrón, todo el mundo, desde la Vicepresidente del Gobierno y el Ministro del Interior, pasando por partidos y sindicatos, e incluso por Amnistía Internacional, tienen la osadía de meterse con ellos y no pasa nada. Los Alcaldes de Vic y de Torrejón tienen, por añadidura, legalmente razón, como lo sabe cualquier estudiante de primer año de derecho. Sin embargo, nadie se corta un pelo en decir que la legislación es confusa, o que es clara, u otras sandeces similares. La legislación es, en efecto, clarísima y rotunda: las personas extranjeras ubicadas en un municipio sin papeles no son “residentes extranjeros”, digan lo que digan una serie de santones embrutecidos por ciertas ideologías, y, por tanto, no deben inscribirse en un padrón mal concebido, como documento que otorga derechos, en vez de ser un instrumento meramente estadístico. Esto es así, aun cuando la mentira repetida se esté convirtiendo en la consagración de una infracción legal como verdad. Y es una lástima que estos Alcaldes no hayan tenido dos narices para mantenerse firmes en su derecho y en el de su Ayuntamiento.
La pregunta es inevitable: ¿Quién ha dado vela competencial en estos entierros a la Vicepresidente o al Ministro del Interior, y menos aún a partidos o sindicatos, y, el colmo, a Amnistía Internacional? Si a las autoridades gubernamentales o a cualquier otra instancia les parece mal lo que hacen estos Alcaldes, cumplan con su deber constitucional: dejen que se ejerciten las competencias municipales, impugnen las decisiones y vayan ante la instancia constitucional encargada de resolver el asunto: los Tribunales. Que yo sepa, la Abogacía del Estado, dotada de Letrados sin duda competentísimos, ni tiene facultad de interpretación auténtica de la ley, ni es instancia que ofrezca la menor garantía de imparcialidad, puesto que obviamente es “la voz de su amo”. Consultarla puede ser una medida de prudencia para saber si tal o cual Ministerio, o el Gobierno, tienen base para acudir a los Tribunales, pero nada más.
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Cuando otra serie de alcaldes considera que debe ponerse en su término municipal un depósito de residuos nucleares, se arma la marimorena. Unos dicen que corresponde decidirlo al Gobierno, otros que a la Comunidad Autónoma, otros que lo pongan en otro sitio, y hay partidos que, estúpidamente, dicen que van a expedientar a un Alcalde que ha ejercido sus competencias a disgusto de los capitostes partidarios. Y eso, a pesar de que tenemos depósitos de residuos instalados en Francia, que, según me dicen, nos cuestan 50.000 € diarios, hasta que lógicamente Francia se ha aburrido de nuestra necedad y egoísmo, y nos sitúa en la necesidad ineludible de tener que hacer nuestros propios depósito o depósitos, como debió hacerse desde un principio, en vez de sacudir la porquería en corral ajeno. A pesar, además, de que hay municipios en situación económicamente imposible y en los que la decisión de su alcalde trata de obtener beneficios para el vecindario. Espectáculo lamentable parecido al de la actitud que frecuentemente se adopta cuando hay que hacer un centro penitenciario, un campo de tiro, u otra instalación menos agradable: que se lo pongan a otros.
Estamos comprando energía nuclear –naturalmente en pago ajeno, en Francia-, pero nuestros gobernantes se niegan a tener más energía nuclear en territorio propio. Y, lo que es peor, ellos y una serie de organizaciones que se llaman ecologistas, se despepitan para convencernos de que las centrales nucleares existentes tienen que desaparecer. Por añadidura, nos engañan con las famosas energías renovables que son de un precio exorbitante, no permiten ajustar la producción a las necesidades y tampoco permiten almacenar la energía producida. Y nueva discusión de autoridades y partidos, sindicatos, ecologistas y demás fauna extra electoral.
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Pues, miren Vds. Yo he ido a las elecciones con objeto de elegir ciudadanos que se ocupen de los problemas del país, no de mirarse a sus respectivos culos, de hacer lo que sea para conservarlos en el sillón sin preocuparse de si infringen o no la ley en ese mirarse al culo, o incluso infringiéndola con toda claridad. Yo no he votado a sindicatos, ni a ecologistas, ni a las demás organizaciones no gubernamentales. Me parece muy bien que cualquiera exponga sus opiniones con razones; sin mentir, sin falsear datos, y sin todos los trucos manipulatorios de los que estamos hartísimos. Me parecen muy mal las campañas de desprestigio que estos pedisequos voluntarios de Gobiernos y Administraciones se empeñan en montar, pretendiendo crear opinión para presionar a las autoridades, cada vez que se plantea un problema,. El público debe saber que todos estos elementos no tienen más autoridad que la que tiene cualquiera; es decir, la de sus argumentos. Y debe saber también que es preciso hacer un serio expurgo de lo que dicen y hacen, para extirpar deformaciones, exageraciones, falsedades, y aglomeraciones de gentes, ruidos y griteríos que nada demuestran, detectando así si hay en todo ello algún fundamento argumental.
La recomendación de Unamuno -¡que inventen ellos!- pesa como una maldición sobre esta sociedad. Su divisa no debería ser ni “Plus Ultra”, ni la franquista de “Una, Grande y Libre”. El lema que, como divisa, corresponde a su ‘solidaridad’, a su sentido de lo común, de lo público y del bien general es “No me jodas” y “Que arreen otros”. Naturalmente hay buena gente, hay algunos buenos políticos, sindicalistas y miembros de ONG’s, pero la ciudadanía en su conjunto, apenas ve más allá de su ombligo y de su cartera. Si fuera más consciente, yo le propondría para las elecciones siguientes y por una sola vez una huelga electoral: ¡que vote su madre!. Bilbao, a 26 de enero de 2010 *Jurista