CASA DE VECINDAD
(J. Gabriel de Mariscal)*DEIA, 3.02.2010, pp. 4-5
Desde luego esto no es una nación. Pero ni siquiera es un Estado. Parece más bien una casa de vecindad, dedicada al comadreo, a criticar lo que hacen otros, a quejarse de los males de la casa y a no aportar nada para solucionarlos: ¡que los resuelvan otros! ¡a mí que me dejen en paz!
La Constitución consagra la autonomía de los Ayuntamientos. Pero cuando el Alcalde de Vic o el de Torrejón toman decisiones que incumben a su competencia constitucional y legal, como es el padrón, todo el mundo, desde la Vicepresidente del Gobierno y el Ministro del Interior, pasando por partidos y sindicatos, e incluso por Amnistía Internacional, tienen la osadía de meterse con ellos y no pasa nada. Los Alcaldes de Vic y de Torrejón tienen, por añadidura, legalmente razón, como lo sabe cualquier estudiante de primer año de derecho. Sin embargo, nadie se corta un pelo en decir que la legislación es confusa, o que es clara, u otras sandeces similares. La legislación es, en efecto, clarísima y rotunda: las personas extranjeras ubicadas en un municipio sin papeles no son “residentes extranjeros”, digan lo que digan una serie de santones embrutecidos por ciertas ideologías, y, por tanto, no deben inscribirse en un padrón mal concebido, como documento que otorga derechos, en vez de ser un instrumento meramente estadístico. Esto es así, aun cuando la mentira repetida se esté convirtiendo en la consagración de una infracción legal como verdad. Y es una lástima que estos Alcaldes no hayan tenido dos narices para mantenerse firmes en su derecho y en el de su Ayuntamiento.
La pregunta es inevitable: ¿Quién ha dado vela competencial en estos entierros a la Vicepresidente o al Ministro del Interior, y menos aún a partidos o sindicatos, y, el colmo, a Amnistía Internacional? Si a las autoridades gubernamentales o a cualquier otra instancia les parece mal lo que hacen estos Alcaldes, cumplan con su deber constitucional: dejen que se ejerciten las competencias municipales, impugnen las decisiones y vayan ante la instancia constitucional encargada de resolver el asunto: los Tribunales. Que yo sepa, la Abogacía del Estado, dotada de Letrados sin duda competentísimos, ni tiene facultad de interpretación auténtica de la ley, ni es instancia que ofrezca la menor garantía de imparcialidad, puesto que obviamente es “la voz de su amo”. Consultarla puede ser una medida de prudencia para saber si tal o cual Ministerio, o el Gobierno, tienen base para acudir a los Tribunales, pero nada más.

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Cuando otra serie de alcaldes considera que debe ponerse en su término municipal un depósito de residuos nucleares, se arma la marimorena. Unos dicen que corresponde decidirlo al Gobierno, otros que a la Comunidad Autónoma, otros que lo pongan en otro sitio, y hay partidos que, estúpidamente, dicen que van a expedientar a un Alcalde que ha ejercido sus competencias a disgusto de los capitostes partidarios. Y eso, a pesar de que tenemos depósitos de residuos instalados en Francia, que, según me dicen, nos cuestan 50.000 € diarios, hasta que lógicamente Francia se ha aburrido de nuestra necedad y egoísmo, y nos sitúa en la necesidad ineludible de tener que hacer nuestros propios depósito o depósitos, como debió hacerse desde un principio, en vez de sacudir la porquería en corral ajeno. A pesar, además, de que hay municipios en situación económicamente imposible y en los que la decisión de su alcalde trata de obtener beneficios para el vecindario. Espectáculo lamentable parecido al de la actitud que frecuentemente se adopta cuando hay que hacer un centro penitenciario, un campo de tiro, u otra instalación menos agradable: que se lo pongan a otros.
Estamos comprando energía nuclear –naturalmente en pago ajeno, en Francia-, pero nuestros gobernantes se niegan a tener más energía nuclear en territorio propio. Y, lo que es peor, ellos y una serie de organizaciones que se llaman ecologistas, se despepitan para convencernos de que las centrales nucleares existentes tienen que desaparecer. Por añadidura, nos engañan con las famosas energías renovables que son de un precio exorbitante, no permiten ajustar la producción a las necesidades y tampoco permiten almacenar la energía producida. Y nueva discusión de autoridades y partidos, sindicatos, ecologistas y demás fauna extra electoral.


Pues, miren Vds. Yo he ido a las elecciones con objeto de elegir ciudadanos que se ocupen de los problemas del país, no de mirarse a sus respectivos culos, de hacer lo que sea para conservarlos en el sillón sin preocuparse de si infringen o no la ley en ese mirarse al culo, o incluso infringiéndola con toda claridad. Yo no he votado a sindicatos, ni a ecologistas, ni a las demás organizaciones no gubernamentales. Me parece muy bien que cualquiera exponga sus opiniones con razones; sin mentir, sin falsear datos, y sin todos los trucos manipulatorios de los que estamos hartísimos. Me parecen muy mal las campañas de desprestigio que estos pedisequos voluntarios de Gobiernos y Administraciones se empeñan en montar, pretendiendo crear opinión para presionar a las autoridades, cada vez que se plantea un problema,. El público debe saber que todos estos elementos no tienen más autoridad que la que tiene cualquiera; es decir, la de sus argumentos. Y debe saber también que es preciso hacer un serio expurgo de lo que dicen y hacen, para extirpar deformaciones, exageraciones, falsedades, y aglomeraciones de gentes, ruidos y griteríos que nada demuestran, detectando así si hay en todo ello algún fundamento argumental.
La recomendación de Unamuno -¡que inventen ellos!- pesa como una maldición sobre esta sociedad. Su divisa no debería ser ni “Plus Ultra”, ni la franquista de “Una, Grande y Libre”. El lema que, como divisa, corresponde a su ‘solidaridad’, a su sentido de lo común, de lo público y del bien general es “No me jodas” y “Que arreen otros”. Naturalmente hay buena gente, hay algunos buenos políticos, sindicalistas y miembros de ONG’s, pero la ciudadanía en su conjunto, apenas ve más allá de su ombligo y de su cartera. Si fuera más consciente, yo le propondría para las elecciones siguientes y por una sola vez una huelga electoral: ¡que vote su madre!. Bilbao, a 26 de enero de 2010 *Jurista