EL ASUNTO DE VIC
(J. Gabriel de Mariscal)* (DEIA, 22.01.10, p.5)
Voy oyendo tales cosas contra y sobre la decisión del Alcalde de Vic de no empadronar a los inmigrantes sin papeles,. que como jurista, mi paciencia se acaba. Es comprensible que los inmigrantes se defiendan con la consabida acusación de supuesta discriminación, pero que desde la Vicepresidenta del Gobierno hasta el último mono sindical se permitan, unos a mi juicio despropósitos tan carentes del menor rigor legal, a uno le hace temblar por la salud del supuesto Estado de derecho en el que creen algunos que vivimos.
En el suplemento de un periódico local del día 13 hay un artículo titulado “El muro de Vic”. En él transcribe su autora los artículos 15, 16.2 y 17 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases del Régimen Local; el primero y el último en la redacción dada a los mismos por la Ley 4/1996, de 10 de enero. Podría haber transcrito también, p.e., el art. 56.2 del Reglamento de Población (Real Decreto 1690/1986) o párrafos de la Resolución de 9 de abril de 1997. La cuestión es que la Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que modifica la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, conocida como Ley de Extranjería, dice lo siguiente:
Art. 6.2. Los extranjeros residentes, empadronados en un municipio, tienen todos los derechos establecidos por tal concepto en la legislación de bases de régimen local, pudiendo ser oídos en los asuntos que les afecten de acuerdo con lo que dispongan los reglamentos de aplicación.
3.- Los Ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio.
Art. 25.- Requisitos para la entrada en territorio español. 1. El extranjero que pretenda entrar en España deberá hacerlo por los puestos habilitados al efecto, hallarse provisto del pasaporte o documento de viaje que acredite su identidad…
Art. 27.1.- Expedición del visado.- 1. El visado se solicitará en las Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares de España, y habilitará al extranjero para presentarse en un puesto fronterizo español y solicitar su entrada.
Art. 29.- Enumeración de las situaciones.-
2. La residencia temporal y permanente, así como la prórroga de estancia, deberán ser autorizadas por el Ministerio del Interior.
3. Son extranjeros residentes los que hayan obtenido un permiso de residencia temporal o de residencia permanente.
Si nuestras autoridades respetan la Ley, es claro que, salvo casos excepcionales previstos en la norma y debidamente acreditados, no podrán dar permiso de residencia de ninguna clase al extranjero que no haya entrado en territorio español por los puestos habilitados al efecto y con la documentación que se indica, incluido el visado, si el interesado procede de país a cuyos ciudadanos se les exigiere tal requisito.
La ley de bases de Régimen Local está derogada en la materia de residentes extranjeros por la Ley de Extranjería que no sólo es una ley de fecha posterior, como exige el Código civil (art. 2.2) para que una ley sea derogada por otra, sino que es de rango superior: la Ley de régimen local es una ley ordinaria, mientras que la de extranjería es nada menos que una ley orgánica. Si los medios y el público no lo entienden, dirán probablemente tonterías como, al parecer, vienen diciendo o se harán críticas insuficientes.
Como ha dicho la Vicepresidenta del Gobierno, la ley parece muy clara, pero justamente en sentido contrario de lo que ella pretende. En contra de sus declaraciones sobre la decisión de Vic, parece muy claro que, con arreglo a las normas expuestas de una Ley de rango superior y posterior, el concepto de “residente extranjero” es una condición jurídica y sólo son “residentes extranjeros”, los que hayan entrado legalmente en territorio español, tengan la documentación necesaria al efecto y acrediten dicha tenencia. Los demás no tienen tal concepto jurídico. Por ello, no es que el Ayuntamiento de Vic haya denegado, sino que tiene obligación legal de denegar, en mi opinión, el empadronamiento de todo extranjero situado en el municipio que no tenga autorización de residencia y, en su caso, visado.
No son sorprendentes las declaraciones de la Sra. de la Vega, que ya se va luciendo con sus impertinencias en el caso del Alakrana y con la pretensión reiterada de convencernos de que el Presidente del Gobierno no ha cometido una imprudencia hablando de poner sanciones a los Estados que no respeten sus propuestas de medidas anticrisis, como muchos hemos oído directamente. ¡Señora, que no somos tontos!
En cuanto a las manifestaciones de algún otro cargo gubernamental sobre la hipotética ilegalidad de la decisión de Vic, tampoco resultan sorprendentes en un país en que miembros del Gobierno y de la Administración hacen por su cuenta cualquier manifestación, sin el menor rigor y sin pensar en si se ciscan o no en la normativa vigente, por congraciarse con lo sedicente políticamente correcto.
Quiero añadir que, en todo este cúmulo de lo que a mí me parecen manifiestos despropósitos, el único prudente, en principio, ha sido el Ministro de Justicia que ha dicho haber pedido un informe antes de pronunciarse. Y digo que “en principio”, porque no he oído a quién ha pedido el informe. Si lo ha pedido a la Abogacía del Estado o a un servicio interno del Ministerio, el informe carece, para mí, de garantía por razones obvias de posible injerencia de la autoridad. Creo que el informe, en estos y otros casos similares, debería pedirse al supremo Cuerpo consultivo del Estado, esto es, al Consejo de Estado. Para eso existe la Institución, mucho menos manipulable, a mi entender, que cualquier otra instancia.
Bilbao, a 14 de enero de 2010
*Jurista/Miembro de Res Publica


EL EMBROLLO DE EUSKADI
(J. Gabriel de Mariscal*) (DEIA, 13.01.10, p. 2)
En Aŕats Beran tiene Lauaxeta un poema, Espetxekuarena (El Encarcelado), en el que, en varias estrofas, se desgrana el diálogo entre un preso y el carcelero. En las estrofas de las dos primeras partes, el carcelero entrega al preso las llaves de oro –uŕezko giltzak- para que vaya a ver libremente el mar y los campos; pero cuando en la última estrofa el preso le pide la libertad para apoyar la mejora de la madre patria: “¿Baña abeŕi ama aldetzeko/enauk itxiko kate-barik?, el carcelero le contesta: “¡Eure eŕi oŕi askatzeko/etxak iriko espetxerik!.
Cuando alguien, individual o colectivamente, quiere algo que se le niega, sólo tiene dos vías: arrancarlo por la fuerza o negociar para obtener lo posible. En el plano colectivo lo primero nos llevaría a la idea de la guerra, que es ya en sí un medio reprobable y bárbaro entre entes racionales: quien la asume demuestra ser incapaz de dominar los aspectos irracionales de su ser. Pero si, además, el que guerrea o pretende guerrear es inconmensurablemente más débil que su adversario o adversarios, utilizar la fuerza es una insensatez manifiesta y un atentado a la colectividad en la que se insertan los locos de turno.
La cuestión está contemplada expresamente y en más de una ocasión por uno de los monumentos de la cultura occidental: la Biblia. Alguno dirá que eso es beatería. Sin embargo, nuestros vecinos del norte europeo y los del norte americano no se cortan un pelo a la hora de acudir a tan prestigiosa fuente. Así pues, leemos en el Evangelio que “cuando uno fuerte y bien armado custodia su palacio, sus bienes están en seguro; pero si llega uno más fuerte que él y le vence, le quita las armas en las que estaba confiado y reparte sus despojos”(Lc. 11, 21-22). Por ello, “¿qué rey, que sale a enfrentarse contra otro rey, no se sienta antes y delibera si con diez mil puede salir al paso del que viene contra él con veinte mil? Y si no, cuando está todavía lejos, envía una embajada para pedir condiciones de paz” (Lc. 14, 31-32).
En Euskadi tenemos un grupo de gentes, transformadas, al parecer, en iluminados con especial dificultad de sentarse a reflexionar para ver que no pueden enfrentarse con los Estados español y francés, porque son pigmeos en personal y medios frente a quienes respecto de ellos son gigantes en recursos. En vez de pedir condiciones de paz y convivencia digna, se lanzan a tirar de metralleta, de pistola, de bombas y de amenazas y coacciones, todo ello perfectamente inútil, y risible si no fuera por el enorme mal que causan: mal a sí mismos, mal a otras personas, mal a los bienes y, en definitiva, mal a la comunidad vasca. No aceptan la democracia, y se convierten, a mi entender, en enemigos de Euskadi y de su pueblo. Los actos de esta gente se tornan en asesinatos intolerables, o, cuando menos, en tortura de todos los amenazados o coaccionados por ellos, además de ser absolutamente estériles. Algún desprevenido dirá que la fuerza es un apoyo a la negociación. Cuando la fuerza es insignificante frente al otro u otros interlocutores necesarios, esto es una vez más falso, y, por ello, el sufrimiento y las muertes causadas por el empleo de esa fuerza seguirán siendo realidades tan miserables, cuanto inútiles..
Hay también quienes colaboran, directa o indirectamente, con este ayuntamiento de iluminados. Me parece que o son igualmente locos, o bien tienen miedo, lo cual se explica, porque los mencionados orates se volverían contra ellos, ya que matar es muy fácil en general y, si hay algún apoyo, mucho más.
No siendo ETA más que una cuadrilla de individuos cegados por su fanatismo, su falta de respeto a las opiniones de los demás, en definitiva por su actitud totalitaria, y no siendo Euskadi una “potencia”, es claro que se ha de negociar. Esto también es difícil, como se percibe en el poema de Lauaxeta que he citado.
No hace falta decir que los iluminados no están dispuestos a ello. Tres tentativas de diálogo fracasadas, parecen más que suficientes para mirarles con recelo.
Por otra parte, nuestros interlocutores imprescindibles –los Estados español y francés- emperrados como están en sus trece, no parecen tener por ahora la menor capacidad de interlocución para reconocer la condición previa ineludible de cualquier conversación sobre minorías nacionales: la plurinacionalidad del Estado. Hay quienes se muestran más optimistas que yo, pero las pruebas de esto son muchas: cada vez que se propone algo que signifique reconocimiento de la plurinacionalidad, los dos partidos mayoritarios –PSOE Y PP- esgrimen a una la Constitución en contra como si fuera un texto sagrado y mostrenco. Así la han ido desprestigiando irresponsablemente, porque es un texto lo suficientemente flexible como para llegar a un arreglo satisfactorio sin necesidad de graves modificaciones.
Con todo, la prueba más palpable de la incapacidad para el reconocimiento es el portazo estentóreo y antidemocrático que se dió en el Congreso al Proyecto de Estatuto aprobado por el Parlamento Vasco en diciembre de 2004. Era, y es, un magnífico documento de trabajo para iniciar un diálogo, lejos de toda idea de secesionismo. Yo no sé por qué no hubo, ni hay en Euskadi, acuerdo para trabajar sobre él, sin perjuicio de utilizar también otras propuestas. Sólo encuentro una explicación triple: la primera parte de ella, es que aquí muchos miembros de la mayoría de nuestras fuerzas políticas, más o menos bisoños en democracia, sólo aceptan lo que discurre y propone el propio partido; en el Estado toda la oposición se basa en la simple negación de lo que propone el otro. La segunda es que cada partido está pretendiendo algo imposible: ser el único paladín que supere esta desagradable situación de violencia. Ambos fallos convierten nuestra vida política en un diálogo de besugos estéril y esterilizador y en un caldo de cultivo favorable a los propósitos de cualquier iluminado. La tercera razón me parece netamente electoralista: el objetivo y la tarea de desprestigiar al Lehendakari anterior, empezando por poner al Proyecto arbitrariamente de vuelta y media como proyecto “separatista”, y titulándolo después como “Plan Ibarretxe”, con lo que todos los golpes contra el Proyecto, han sido golpes contra su hipotético titular. Por si fuera poco el desvarío anterior, no pocos políticos y medios siguen con la matraca en cuanto ven un resquicio. Mal servicio a los ciudadanos.
Se impone, por ello, un camino largo y difícil para convencer a la mayoría de la ciudadanía del Estado, incluídos algunos nacionalistas vascos, de que hay una solución mucho mejor para todos y más eficaz que la vigente: la de algo asi como una confederación ibérica. En ese esfuerzo hay que empezar por aproximarse a una lealtad recíproca, también difícil en nuestra sociedad egoísta, materialista hasta la médula, en donde todo compromiso horroriza, convenciéndose de que es tarea de todos, no de una parte más lista que las demás. Y, por supuesto, las bombas, las metralletas, las extorsiones y amenazas resultan absolutamente contraproducentes. Es manifiesto que formas de reaccionar tan poco conciliadoras, lejos de aproximarnos a una solución, nos ponen a años luz de ella. Así llevamos en liza más de cincuenta años. ¡Qué lerdos!
Bilbao, a 11 de enero de 2010
Jurista. Miembro de Res Publica