DESAZÓN DEL CLERO GIPUZKOANO

(J. Gabriel de Mariscal) (DEIA, 29.12-09, pp. 4-5)
Con motivo de la declaración de cinto trinta y un curas de Gipuzkoa –el 77% del clero de la diócesis, segùn se dice- de entre ellos ochenta y cinco párrocos que incluyen a once de los catorce arciprestes, se oyen cosas muy curiosas.
La primera acusación, típica y tópica, es que se trata de curas en su mayoría –para algunos ignorantes, al parecer, todos- nacionalistas. ¿En qué mayoría? He conocido en mi contacto personal y en los años de mi convivencia con ellos, curas de nuestras tres Diócesis de origen carlista, de origen monárquico, de origen nacionalista español y, desde luego, de origen nacionalista vasco. ¡Sólo faltaba que en Gipuzkoa no hubiera ninguno de este último origen! Aclarado lo del origen, he de añadir algo mucho más importante: a diferencia de lo que parece verse en el resto del Estado, con el cardenal Rouco Varela a la cabeza, todo el clero que estudió conmigo, oyó por activa y por pasiva que su función era exclusivamente religiosa, pastoral, que el cura se debía a todos los diocesanos y que no le estaba permitido hacer acepción de personas. Esa lección la tiene interiorizada hasta la médula el clero de las tres diócesis vascas; de la de San Sebastián y de las demás. Con estos elementos previos hablar de reacción nacionalista a una actuación nefasta de la Curia vaticana, como es la forma del nombramiento de Munilla; hablar de una reacción nacionalista frente a un eclesiástico que, según los datos, ha sido cura en la diócesis; es perfectamente conocido por los demás curas; y confirma que no todos los curas guipuzcoanos son nacionalistas vascos, puesto que éste es nacionalista español, sólo puede ocurrirles a insignes ”teólogos”, como Antonio Basagoiti y Arantza Quiroga, especialistas en politizar lo ’impolitizable’ y, por tanto, en decir solemnes tonterías.
Los curas se quejan de tres cosas fundamentales. Primero de la designación percibida por ellos como una clara desautorización de la vida eclesial de su Diócesis; de que no se haya tenido en cuenta ni respetado el sentir de su Iglesia Diocesana y de sus organismos pastorales, es decir, de que se la haya tomado por el pito de un sereno, con lo que razonablemente no están de acuerdo; de que la persona elegida es un eclesiástico partícipe de la clara involución eclesial respecto del Vaticano II, como lo son otros prelados del Estado; de que, por ello, temen un cambio de rumbo de la pastoral dicocesana. ¿Cuál de estos motivos es nacionalista vasco? Sólo quien, como la Pitonisa de Delfos, entra en trance y ve en sus alucinaciones las revelaciones de Pitón, puede llegar a conclusión tan pintoresca, cuanto demencial.
El clero guipuzcoano no ha hecho sino aplicar uno de los principios del Vaticano II, que los “teólogos” antes mencionados parecen desconocer. En el nº 37 de la Constitución “Lumen Gentium”, sobre la Iglesia, hablando de los seglares, se lee textualmente: “En la medida de los conocimientos, de la competencia y del prestigio que poseen, tienen el derecho y, en algún caso, la obligación de manifestar su parecer. Hágase esto, si el caso lo permite, mediante instituciones establecidas al efecto por la Iglesia, y siempre con veracidad, fortaleza y prudencia, con reverencia y caridad hacia aquéllos que, por razón de su estado, personifican a Cristo”. Como la traducción que conozco, me parece que traduce incorrectamente “si casus ferat” por “si las circunstancias lo requieren”, me he permitido hacer una traducción más adecuada, “si el caso lo permite”, que tiene otro matiz.
Alguno dirá: pero ahí se habla de los seglares; no del clero. En efecto, así es. Pero si los seglares tienen ese derecho y, en su caso, esa obligación, ¿quién puede decir en sus cabales –salvo “teólogos” del pelaje de los aludidos- que ese principio no es aplicable también al clero, teológicamente mucho mejor preparado por lo general, pastoralmente no digamos y ascéticamente ni lo cuento. Por otra parte, en una prospección de alcance es lo que he encontrado en esa Constitución. del Vaticano II. Seguramente en los documentos del Concilio hay más principios de contenido semejante.
Yo no sé si el Cardenal Rouco Varela ha tenido o no intervención en este desbarajuste. Lo cierto es que los fieles de las Diócesis vascas no tienen ningún motivo para estar agradecidos a la Curia Vaticana. Al margen del trato desconsiderado de Pío XII al pueblo vasco en los momentod inmediatamente previos a la guerra civil, el mismo Papa dividió la antigua Diócesis de Vitoria allá por el año 1949 ó 1950; asignó las tres nuevas Diócesis al Arzobispado de Burgos primero, para rectificar más tarde, en agosto de 1956, adjudicando la de Gipuzkoa al Arzobispado de Pamplona. ¿Son estos enjuagues movimientos eclesiales, o puras operaciones políticas para hacer lo más difícil posible a un pueblo la defensa de sus derechos? Visto el carácter de las decisiones, creo que no tienen nada que ver con el bien de la Iglesia, sino con las connivencias políticas entre la Curia vaticana y el Estado español. Somos bien pensados, pero no tontos.
También ha pasado lo mismo con el nombramiento de los obispos. Monseñor Iceta no es persona grata, desde luego, para los nacionalistas vascos. Pero, hay algo mucho más importante: ni siquiera parece un prelado discreto y entregado a su Diócesis, a TODA su Diócesis, como lo es Monseñor Blázquez, sobre la forma de cuyo nombramiento –no sobre la persona de Monseñor- tuve ocasión de manifestar en su día mi disconformidad. El Obispo Iceta ha tenido una desafortunada intervención POLÍTICA de crítica infundada al PNV con motivo de la ley del aborto. Manifestar su opinión sobre el aborto y sobre la ley es un derecho que nadie le discute al Sr. Iceta; pero apuntar con el dedo a un partido político concreto es una doble imprudencia. En primer lugar, porque hay otros partidos con personas profundamente cristianas que han votado la ley y que al Sr. Iceta, como son partidos del nacionalismo español, no le han parecido señalables, según demuestra su conducta,. En segundo término, porque un partido político no es una asociación eclesiástica ni entra en la esfera de competencia de un Obispo. Un partido político es una agrupación de ciudadanos cuya función es moverse, con arreglo a su criterio, y no al de un Obispo, en el entorno social en el que está emplazado, adoptando las decisiones que estime mejores para el conjunto de la ciudadanía; no sólo para los ciudadanos cristianos. Veremos qué pasa ahora con Monseñor Munilla.
Pienso que es ya hora de que algunos obispos españoles se ciñan al Evangelio; dejen de hacer nacionalismo español furibundo y excluyente, y den a Dios lo que es de Dios, pero dejen al César lo que es del César. Y conste que el principio no es mío; es de Jesucristo (Mt. 22, 17-22), de quien los prelados se dicen discípulos.
Tampoco estaría de más que ellos y la Curia Vaticana empiecen a no injerirse en los derechos de las minorías nacionales del Estado ni a intentar definirlos, porque no les compete. Es lo que dispone el principio del nº 59 de la Constitución Gaudium et Spes, del Vaticano II. Después de recordar que “«hay un orden de conocimiento doble» distinto, i.e., el de la fe y el de la razón,” y de manifestar que la Iglesia “afirma la legítima autonomía de la cultura humana, en particular de las ciencias”, en el último párrafo de ese número leemos textualmente lo siguiente: “A la autoridad pública [no a los Obispos] compete, no el determinar el carácter propio de las formas de la cultura humana, sino el fomento de las condiciones y medidas para promover la vida cultural entre todos, aun dentro de las minorías de alguna nación. Por eso hay que insistir sobre todo en evitar que la cultura, apartada de su propio fin, sea forzada a servir a los poderes políticos o económicos.” (La traducción y el resaltado del texto son míos)
Bilbao, a 23 de diciembre de 2009
*Jurista. Miembro de Res Publica