¡YA ESTÁ!

(J. Gabriel de Mariscal)* (DEIA, 13.11.09, p.5)
Se ha dictado el Real Decreto que modifica la Ley de Seguridad Privada. El atunero Artza repele un intento de agresión. Se han utilizado todos los instrumentos legales, según el Ministro de Justicia Sr. Caamaño. Y…¡ya está! Todo resuelto.
¡Pues, no! Por dos razones fundamentales. Una, porque están secuestradas una serie de personas con riesgo de sus vidas: si el empleo de todos los instrumentos y las previsiones legales no han servido para resolver el problema, al diablo tales previsiones. ¡Cámbiense! Ni la ley es un sacramento, ni la vigente vale siempre para resolver los problemas, función que debe cumplir Si no, sobra. La segunda razón es igualmente básica y de principio: como dicen los armadores, y tienen razón, no renuncian a que sus barcos sean defendidos por los militares. Para eso los tenemos. Todo ciudadano tiene derecho a que le defienda su Estado frente a guerras, guerrillas, piratas y secuestros. Si no lo hace, ¿para qué nos sirve el Estado? Defenderlos con medios privados es un dispendio al que no deben hacer frente, ni al 50%, ni al 25%. La modificación de la Ley del Seguro Privado es una maniobra de distracción, una escena de circo, que no resuelve nada, que discrimina a unos ciudadanos y que desprestigia al Estado.
No se deben hacer comparaciones (Zapatero dixit a Ercoreca). Me parece un despropósito interesado ¡Claro que hay que hacer comparaciones1 Comparaciones de actitudes entre un Estado que defiende eficazmente a sus ciudadanos (Francia) y otro que los deja empantanados obligándoles indebidamente a buscarse la vida, porque el riesgo de la piratería va con la profesión (Vicepresidenta del Gobierno).
Ahora –dicen algunos- hay que apoyar al Gobierno; las críticas para después. Creo que hay parte de verdad en ello y parte de cortina de humo interesada. Naturalmente hay que estar al lado del Gobierno. A mí no me gusta, y creo que a ningún ciudadano sensato, que en un asunto de este tipo fracase el Gobierno del Estado del que forman parte mi tierra y mi gente. En realidad el asunto es de tal naturaleza que uno debe aspirar y contribuír a que el gobierno de cualquier lugar que deba enfrentarse a algo semejante, tenga éxito: las vidas humanas son insustituibles y elementos de peso en la economía de un Estado son importantes. Ambas cosas son muy serias y ambas cosas están en juego.
Pero un Gobierno debe actuar con seriedad y competencia, si quiere tener el apoyo de los ciudadanos. No se puede pretender apoyo al enjambre de despropósitos increíbles que vamos oyendo sobre la participación de militares en barcos que, en muchos casos, son territorio del Estado. La explicación de que la ley no permite tal intervención no vale sin citar norma alguna que la prohíba. Difícilmente puede creerse que tan peregrina disposición jurídica exista. Tampoco se puede pretender apoyo de los ciudadanos, cuando estando treinta y tantas personas en manos de los piratas, ven que se aprehende a dos desgraciados, se permite al juez Baltasar Garzón que siga dando del botafumeiro a su ego ordenando la conducción de los dos piratas al Estado y, como todo esto es poco, se autoriza a la Fiscalía para acusarlos. Con la respuesta judicial a la acusación se cierra un círculo procesal esperpéntico que nunca debió iniciarse, y cuya necesaria ruptura para resolver el secuestro, es un galimatías jurídico. Esto sólo lo apoyan los insensatos que ven bien jugar con las vidas de las personas no cediendo, según dicen, al chantaje de los piratas. Les recomiendo que lean y mediten “L’Affaire Moro”, alegato espeluznante de Leonardo Sciascia. Deja en evidencia a los capitostes de la Democracia Cristiana Italiana y al Vaticano, que se lava las manos, y los sitúa a la altura de unos desalmados que, amparándose miserablemente tras la razón de Estado, abandonan a su suerte a una figura política honesta y de primer orden como era Aldo Moro.
La crítica para después, se dice. ¿Estamos seguros de que, si no hubiera habido una presión fuerte y tenaz de los familiares, de algunos medios, como el DEIA, se hubiera hecho algún esfuerzo eficaz por deshacer todos los entuertos demenciales que se han producido y siguen en curso? A la vista de lo que viene sucediendo, no parece verosímil: todo lo que se hace es para justificarse y lavar la enorme mancha que ensucia a lo más granado de la ciudadanía, testigo estupefacto de tanta incompetencia.
Por otra parte hay algo que me parece también enormemente serio. Los gobiernos españoles no parecen haber sabido tratar desde hace al menos un siglo largo a los Cuerpos armados. Menos aún utilizarlos en bien de la ciudadanía y con provecho para el Estado. Al margen de las asonadas y motines del S. XIX, el papel que le hicieron representar en África a primeros del S. XX fue ridículo. De ahí el latiguillo marroquí: Francia pega, Inglaterra paga, España ni pega ni paga. Después se ha obligado al ejército a retirarse del Sahara frente a la Marcha Verde de Marruecos, haciendo bueno el aforismo citado y dejando al pueblo saharaui a merced de sus ambiciosos vecinos. En otro desgraciado suceso reciente se emplea la tropa para llevar a cabo una acción otra vez ridícula: el ‘desembarco’ en el islote Perejil. Como diría el Arcipreste, “fue escarnio de reír”. Finalmente se ha utilizado con frecuencia a los militares contra el propio pueblo al que tienen que proteger. Con todo ello, en España se ha creado un recelo hacia lo militar, que me parece explicable, pero injusto. Creo que en asuntos como el de los piratas del Ïndico sería sabio y prudente seguir la opinión y el consejo de los militares, que no creo tenga demasiado que ver con lo que se viene diciendo y haciendo. Discurre por ahí una especie, de cuya exactitud no puedo responder. Consiste en creer que el Gobierno está formado por gentes de un Partido que tienen la convicción de que España no puede encomendar a sus militares misiones que les obliguen a disparar contra los pobres negros africanos. Si esto fuera cierto, se confirmaría, a mi entender, la falta de atención al criterio de los militares. En tal caso, los miembros del Gobierno deberían dimitir e ingresar en una ONG. Hay que respetar los derechos humanos, pero el primero de estos derechos es la legítima defensa frente a agresiones injustas, como es, entre otras, la acción de piratas en aguas internacionales.
Otra especie inquietante que rueda también por ahí. Llega a nuestros oídos que los ‘cobradores’ de los rescates exigidos pos los piratas son abogados británicos. Si es cierta la ‘ocurrencia’, uno se pregunta: ¿A qué espera el juez Garzón para poner en marcha su aguda ‘intuición’ proceso-penal y su conocida ‘diligencia’ frente a lo que entiende por terrorismo? Parece que es una buena ocasión para que el Gobierno ordene a la Fiscalía que presente una acusación de colaboración o complicidad con la piratería contra tan aprovechados Letrados. A lo que se ve, siempre habrá algún juez de la Audiencia Nacional que la acoja.
Si asesinan a uno de los secuestrados, a varios, o a todos ellos, ¿de quién será la responsabilidad? ¿Se van a pedir las graves responsabilidades en que se ha incurrido ya? Nos vendrán con el cuento de que se ha hecho todo lo posible, de que se han aplicado las normas legales. Pero se ha conducido a España a dos piratas en un momento crítico, por decisión del juez de siempre y con la colaboración del Estado a decisión tan descabellada. Aun cuando fuera legal -lo que no justificaría nada-, no es ni políticamente aceptable, ni moralmente admisible. Ningún Gobierno responsable de y ante sus ciudadanos se debe conducir de forma tan imprudente, desconsiderada e incompetente. Bilbao, a 8 de noviembre de 2009 *Jurista.