PIRATAS DEL ÍNDICO

J. Gabriel de Mariscal (DEIA, 09.10.09, pp. 14/15)

Frente a la piratería del Índico, parece que el Gobierno no quiere defender a ciudadanos que pescan allí precisamente para la población del Estado. Es un buen ejemplo de conducta gubernamental rayana en el delito. La dejación del deber estatal se pretende apoyar en argumentos inadmisibles, sólo válidos para papanatas.
La Ley, se dice, prohíbe enviar soldados en los barcos: ¿Qué Ley? Si existiera, la Sra. Ministra tiene el deber de identificárnosla porque no ha sido identificada, que yo sepa, de cara a la ciudadanía, y, si es cierto que existe, es obvio que se debe modificar, como está modificando Francia la suya para evitar liberar a piratas que no han atentado contra personas o bienes franceses. Si no existe tal Ley, no se debería mentir.
Los armadores, se añade, son empresarios que ganan dinero. Les corresponde a ellos defenderse. La Sra. Vicepresidente primera ha añadido a esta necedad otra: los riesgos, dice, son parte del trabajo de la pesca. Pues bien, los armadores son ciudadanos que, como los demás, pagan mejor o peor sus impuestos. Y son empresarios de un Sector económico que proporciona a un Estado gran consumidor de pescado la materia para satisfacer esa necesidad suya. Por lo demás, no se trata sólo de los armadores; el personal se compone de ciudadanos que se ganan el pan con el sudor de su frente como cualquier ciudadano de a pié, sólo que con mucho más sudor. El riesgo de su dinero y de su sudor es, en efecto, parte de su trabajo. Pero hay que ser muy corto para computar ataques de piratas como riesgo que un ciudadano haya de asumir en ningún trabajo. Además, ¿los Bancos, p.e., no son empresas y no sufren riesgos? Si, p.e., se incendian, ¿tienen que tener, Sra. Vicepresidente, su propio servicio de bomberos, porque ganan dinero y el incendio es un riesgo de cualquier trabajo, o bien pueden y deben usar el servicio público correspondiente? Si son atracados, ¿no deben actuar las fuerzas de seguridad públicas, aun cuando el atraco sea un riesgo evidente de su trabajo? ¡Vamos, señora! Un poco de rigor.
Se llega al esperpento diciendo que los barcos que sufren las agresiones de los piratas, se encuentran fuera de la zona de seguridad. ¿Desde cuándo se puede señalar mediante ley, decreto, orden, resolución o circular un zona de natación a los atunes? Los pesqueros tienen que estar donde hay pesca. Otra cosa es una demencia. Dos aviones y una fragata son tres briznas invisibles en el océano; instrumentos evidentemente insuficientes para garantizar nada. O se envían más medios de defensa con órdenes claras de repeler las agresiones –los piratas no son la ETA que tanto les preocupa a Vds.; son algo más serio: son hostes generis humani (enemigos del género humano) desde tiempo inmemorial-, o bien embarcan gente armada y preparada en los barcos de pesca. Otra cosa es poesía. Y poesía mala, llena de ripios y rimas de participios pasivos repetidos al final de cada verso.
El esperpento se eleva a cotas de escándalo, cuando uno oye a la Sra. Ministra que los armadores deben poner medios de defensa en los barcos, tales como alambradas, cañones de agua, sirenas… Seguramente Su Excelencia sabe cómo pueden ponerse alambradas en una barco pesquero y seguir pescando con normalidad. Los cañones de agua no sirven ni para repeler a los miembros de Greenpeace; tal vez sirvan para facilitar la higiene, mediante un conveniente lavado, a unos piratas, armados con armamento de guerra y dispuestos a usarlo sin contemplaciones. ¿Por qué no propone instalar en los pesqueros emisores de pompas de jabón para evitar lastimar a los pobres piratas? En cuanto a las sirenas, ¿serán para avisar a otros piratas de la zona que hay presa a la vista?
Enviar barcos es caro, se dice también. Los barcos de guerra atracados y sus tripulaciones ¿no cuestan también dinero? ¿Mucho dinero? Además, el que sea caro enviarlos no es una razón, para dejar inermes a los ciudadanos que se hallan a merced de la piratería: si es caro, tendremos que aguantarnos y gastar lo necesario por mucho que nos cueste y nos fastidie. Es lo que exigen la seguridad de los ciudadanos amenazados y la dignidad del Estado. Si no, ¿para qué tenemos la Armada? Un Estado, como España, con miles de kilómetros de costa, ¿puede permitirse razonablemente el lujo estúpido de tener una flota de guerra sólo para exhibiciones y paradas, y soportar que unos piratas hagan la vida imposible a trabajadores que son ciudadanos suyos?
¡Por favor, Sra. Ministra y señores políticos! ¡Déjense de monsergas! Todos estos argumentos son basura publicitaria para tontos. Ni la destreza del más hábil bululú mejoraría este sainete bufo protagonizado principalmente por la Sra. Ministra. Si tienen Vds. alguna razón seria –por supuesto, no ideológica; esto sería un integrismo vergonzoso-, díganla. Si no, cállense y envíen fuerzas en la forma que sea necesaria: dentro de los pesqueros o fuera de ellos. Pero resuelvan YA, en vez de perder el tiempo con argumentos que no sirven ni para el ciudadano más necio e ignorante, y dejando a los órganos competentes cuestiúnculas facciosas, de partido, meros tiquismiquis en comparación de la seriedad y la gravedad del problema de los pesqueros, que es un verdadero asunto de Estado. ¿Una avería como la de nuestros barcos sólo ha de servir para la campaña publicitaria jurisdiccional del Juez Garzón?